La protección de los ecosistemas se ha vuelto una actividad de alto riesgo. En el país, la violencia contra los defensores ambientales en Perú ha escalado hasta configurar una crisis de seguridad, donde la presencia de economías ilegales y la débil respuesta estatal dejan a las comunidades indígenas en un estado de vulnerabilidad constante.
Derechos Negados en América Latina.
En Perú, la defensa del medio ambiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo, especialmente en la Amazonía, donde confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una creciente presión sobre los territorios indígenas.
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El país, cuya Amazonía y bosques tropicales cubren cerca del 60 % de su territorio, enfrenta una paradoja: su riqueza ambiental lo posiciona como uno de los principales reservorios de biodiversidad del planeta, pero también lo convierte en escenario de conflictos que ponen en riesgo la vida de quienes protegen estos ecosistemas.
El impacto de la violencia contra los defensores ambientales en Perú
Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Perú y organizaciones ambientales, más de 35 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados en los últimos 15 años. A esto se suman múltiples amenazas vinculadas al narcotráfico, la tala ilegal y la minería clandestina, actividades que operan en amplias zonas de la Amazonía.
“La situación de los defensores ambientales en Perú sigue siendo crítica, especialmente en regiones donde el Estado tiene una presencia limitada”, advirtió Eliana Revollar. Según explicó, la falta de garantías efectivas de seguridad mantiene a estas comunidades en un estado constante de vulnerabilidad.
Uno de los casos más representativos es el denominado “Caso Saweto”, ocurrido en 2014 en la región de Ucayali, donde cuatro líderes indígenas fueron asesinados tras denunciar redes de extracción ilegal de madera en sus territorios. Este episodio se convirtió en un símbolo de los riesgos que enfrentan quienes defienden el bosque.
La respuesta institucional frente a la criminalización
Para Amnistía Internacional, estos crímenes evidencian un patrón regional. “Los defensores ambientales no solo enfrentan amenazas de actores ilegales, sino también una falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades”, señaló la organización.
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El riesgo no se limita a la violencia física. Organizaciones sociales han denunciado una creciente criminalización de líderes que denuncian afectaciones ambientales, a través de procesos judiciales, señalamientos públicos y presiones institucionales.
“En muchos casos, quienes protegen el territorio terminan siendo tratados como infractores”, explicó Mar Pérez. “Esto genera un efecto inhibidor que impacta directamente en la defensa de los ecosistemas”.
El contexto crítico en los territorios amazónicos
Aunque el Estado peruano ha implementado mecanismos de protección para líderes indígenas y defensores ambientales, su alcance ha sido cuestionado. Diversos sectores consideran que las medidas no responden a la magnitud del problema ni a las condiciones reales en los territorios.
En este contexto, ha cobrado relevancia el debate sobre el Acuerdo de Escazú, suscrito por Perú en 2018 pero aún sin ratificación en el Congreso. Este instrumento establece estándares para la protección de defensores ambientales y el acceso a la información en asuntos ecológicos.
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El exministro de Ambiente Manuel Pulgar-Vidal aseguró que su ratificación sería clave para fortalecer la institucionalidad ambiental. “No compromete la soberanía, sino que fortalece la protección de quienes defienden el territorio”, afirmó.
La falta de avances en este frente ha incrementado la percepción de desprotección entre las comunidades. Más allá de las cifras de homicidios, líderes indígenas coinciden en que el miedo, las amenazas y la presión constante forman parte de su vida cotidiana.
“Defender la Amazonía no debería costar la vida”, señaló Ruth Buendía. “Pero hoy, en muchas zonas del país, esa sigue siendo la realidad”.
El panorama mantiene abierto el interrogante sobre la capacidad del Estado peruano para garantizar la seguridad de los defensores ambientales, en un contexto donde la protección de la Amazonía se convierte en un desafío clave no solo para el país, sino para la región.
Las siguientes imágenes dan cuenta de una realidad que trasciende las cifras:
