La crisis política en Perú se profundiza tras una década marcada por la caída sucesiva de presidentes, el uso reiterado de la vacancia y un sistema institucional incapaz de garantizar estabilidad de cara a las elecciones de 2026.

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Entre 2016 y 2026, el Perú habrá tenido siete presidentes en lugar de los dos que, en condiciones normales, debieron completar sus mandatos constitucionales. Renuncias, destituciones, gobiernos de transición y vacancias impulsadas desde el Congreso marcaron una década de inestabilidad política que convirtió la Presidencia en el cargo más frágil del sistema institucional.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el país atraviesa “una crisis prolongada de gobernabilidad” en la que los mecanismos de control constitucional han sido utilizados como herramientas de confrontación política más que como recursos excepcionales. “La vacancia presidencial dejó de ser un último recurso y se transformó en una práctica recurrente”, señala uno de sus informes recientes.

Del colapso de Kuczynski a la presidencia interina de José Jerí

El ciclo de recambios se inició con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018, tras ser elegido en 2016. Le siguió Martín Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020. Su reemplazo, Manuel Merino, permaneció solo unos días en el poder y renunció en medio de protestas sociales que dejaron víctimas fatales. Posteriormente asumió Francisco Sagasti como presidente de transición, con el encargo de estabilizar el país y conducirlo a nuevas elecciones.

En 2021, Pedro Castillo llegó a la Casa de Pizarro tras las elecciones generales, pero su mandato terminó abruptamente en diciembre de 2022 luego de intentar cerrar el Congreso, lo que derivó en su destitución y detención. En su lugar asumió Dina Boluarte, quien fue removida por el Parlamento en octubre de 2025 en medio de cuestionamientos por la gestión de la seguridad, protestas sociales y presuntas irregularidades administrativas.

La vacancia como herramienta política recurrente

Para Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y exjefe de la ONPE, “el problema no es solo quién gobierna, sino un sistema político incapaz de generar consensos mínimos”. El especialista advierte que la constante caída de presidentes “ha debilitado la legitimidad del voto y ha generado una percepción de provisionalidad permanente del poder”.

La salida de Boluarte se produjo en un contexto marcado por el aumento de la criminalidad, denuncias de corrupción y el uso reiterado de la figura constitucional de la vacancia presidencial. Según análisis de International IDEA y la CIDH, este patrón consolidó una secuencia de mandatarios que no logran completar sus periodos y mantiene al país en un estado de inestabilidad política crónica.

Un gobierno interino bajo presión y escándalos

Tras la salida de Boluarte, el entonces presidente del Congreso, José Jerí, asumió como mandatario interino y permanecerá en el cargo hasta el 28 de julio de 2026, fecha prevista para el traspaso de mando del próximo gobierno electo.

Ya bajo el gobierno interino de Jerí, el Ejecutivo enfrentó nuevas turbulencias. A los 100 días de su mandato estalló un escándalo por reuniones no reportadas con un empresario chino, episodio conocido como “Chifigate”, que dio lugar a investigaciones fiscales y a solicitudes de vacancia en el Congreso.

Elecciones 2026: fragmentación, riesgo e incertidumbre

Entre los factores estructurales que explican la inestabilidad se encuentran la fragmentación del sistema político, el choque permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo y una crisis persistente en materia de seguridad y economía. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE han advertido que el proceso electoral de 2026 será especialmente complejo debido a la gran cantidad de partidos inscritos y a la dificultad para construir mayorías estables en el Parlamento.

Las elecciones generales están programadas para el 12 de abril de 2026 y el cambio de gobierno se realizará el 28 de julio del mismo año. Ese mismo año entrará en vigencia el retorno a la bicameralidad, con la instalación del Senado y la Cámara de Diputados, tras una reforma constitucional promulgada en 2024.

Un país que llega a las urnas en medio de la fragilidad institucional

El gobierno interino de José Jerí deberá conducir al país hasta el proceso electoral en medio de investigaciones abiertas, pedidos de control político y un Congreso que mantiene la capacidad constitucional de remover al jefe de Estado, en un escenario donde, según analistas, la estabilidad dependerá más de acuerdos políticos que de las reglas formales del sistema.