El derecho a la protesta en Perú vuelve al centro del debate público en un contexto marcado por inseguridad, desconfianza institucional y denuncias de uso desproporcionado de la fuerza durante las movilizaciones sociales.
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Las manifestaciones sociales en Perú se han reactivado en medio de una prolongada crisis de inseguridad, inestabilidad política y descontento ciudadano, un escenario en el que ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica se ha visto acompañado de altos niveles de riesgo para la integridad y la vida de los manifestantes.
Derecho a la protesta en Perú: jóvenes, represión y una crisis que no se resuelve
La Defensoría del Pueblo informó que entre 2022 y 2023 se registraron decenas de personas fallecidas y cientos de heridos durante movilizaciones sociales, principalmente en el contexto de las protestas desatadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Estos hechos han sido objeto de seguimiento por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
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Las movilizaciones recientes han sido protagonizadas en gran parte por jóvenes, especialmente de la llamada Generación Z, un sector que ha manifestado su inconformidad frente a la persistencia de gobiernos marcados por escándalos de corrupción, crisis institucionales recurrentes y ausencia de sanciones efectivas.
Desconfianza institucional y ausencia de canales efectivos de diálogo
Estudios del Instituto de Estudios Peruanos indican que la desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado se mantiene en niveles elevados, particularmente entre la población joven, que percibe una desconexión entre los mecanismos tradicionales de participación y sus demandas sociales. En este contexto, la protesta se ha consolidado como una de las principales formas de expresión política.
Aunque los gobiernos de turno han reiterado su compromiso con el respeto al derecho a la protesta pacífica, informes de organismos internacionales han cuestionado la actuación de las fuerzas de seguridad durante las jornadas de movilización. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre el uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativos policiales y militares.
Ambos organismos han instado al Estado peruano a garantizar investigaciones independientes, sancionar a los responsables y avanzar en la reparación integral de las víctimas. Para organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estas dinámicas han generado un mensaje de disuasión social, en el que protestar puede derivar en judicialización, estigmatización o represión.
Denuncias por violaciones a derechos humanos y reclamos de justicia
Las denuncias de los manifestantes incluyen la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Mientras tanto, familiares de las víctimas continúan reclamando respuestas estatales, en medio de procesos judiciales que avanzan lentamente o permanecen sin resolución.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado que el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas son elementos clave para evitar la repetición de episodios de violencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
En este escenario, la participación de la Generación Z se caracteriza por la ausencia de estructuras partidistas y el uso intensivo de redes sociales como herramientas de organización y denuncia, en un contexto en el que amplios sectores consideran que los canales institucionales no ofrecen respuestas efectivas a sus reclamos.
