El caso de Limonar y la llamada Ley Lorenzo dan origen a un cambio profundo en las reglas de la vigilancia con animales.
Noticias Colombia.
Durante años, los perros que custodiaban bodegas, aeropuertos y conjuntos residenciales en Colombia trabajaron jornadas tan largas como las de cualquier guardia humano, pero sin la protección ni el descanso que merecen los seres sintientes.
Esa realidad comienza a cambiar con la nueva resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que impone límites de horario, controles veterinarios y protocolos de bienestar para todos los caninos usados en seguridad privada.
La medida desarrolla lo establecido en la Ley 2454 de 2025, conocida como la Ley Lorenzo, una norma nacida tras varios casos de maltrato y negligencia hacia perros que prestaban servicio de vigilancia.
Con esta reglamentación, Colombia se convierte en uno de los pocos países del continente que regula de forma explícita las condiciones laborales de los animales que trabajan en el sector de la seguridad.
De “vigilantes” a trabajadores con derechos
Según la resolución, los perros que detectan narcóticos o explosivos solo podrán cumplir jornadas de hasta seis horas diarias, mientras que aquellos dedicados a acompañamiento o defensa controlada tendrán un máximo de ocho horas. Las empresas deberán registrar esas jornadas en una bitácora, garantizar espacios de descanso y contar con atención veterinaria disponible las 24 horas.
El superintendente Larry Álvarez explicó que el objetivo es frenar el uso indiscriminado de los animales como simples recursos operativos:
“No se trata de eliminar el trabajo canino, sino de reconocer que estos animales sienten y necesitan condiciones dignas. Hay casos en los que trabajaban turnos de día y noche sin control sanitario ni descanso adecuado”, aseguró el funcionario.
Las empresas también deberán presentar anualmente certificaciones de salud, pólizas de responsabilidad civil y constancia del entrenamiento de cada perro.
Ningún can podrá operar sin estar registrado en el Sistema Nacional de Perros de Seguridad Privada, que la Superintendencia habilitará para hacer seguimiento individual.
Una resolución con historia: el caso de “Limonar”
La decisión no surgió de la nada. En noviembre de 2023, durante una inspección en una zona industrial de Bogotá, las autoridades encontraron sin vida a Limonar, un perro que prestaba servicio para una empresa privada. En un principio se habló de un ahorcamiento accidental, pero la necropsia reveló que el animal murió por asfixia, tras permanecer horas sin supervisión ni ventilación.
El caso causó indignación pública y abrió un debate sobre el uso de perros en entornos de vigilancia. “Limonar mostró que el país necesitaba pasar del discurso a la regulación. No bastaba con buenas intenciones”, reconoció Álvarez.
Aquel hecho reactivó la discusión sobre otra historia emblemática: la de Lorenzo, un perro víctima de maltrato en 2022 cuyo nombre fue adoptado por el Congreso para bautizar la ley que ahora sustenta esta nueva política.
Lo que exige la Ley Lorenzo
La Ley 2454 estableció parámetros que hasta hace poco eran inexistentes en Colombia:
Define una edad mínima y máxima de servicio (de 1 a 6 años). Prohíbe la cría y reproducción con fines comerciales por parte de las empresas. Exige esterilización, revisiones médicas periódicas y alimentación adecuada. Obliga a que los animales retirados del servicio sean reubicados o dados en adopción bajo supervisión institucional.
La nueva resolución de la Supervigilancia convierte esos principios en obligaciones prácticas y fiscalizables, con la posibilidad de sancionar a las empresas que incumplan.
Tecnología en lugar de collares
Aunque la norma pone el foco en el bienestar animal, la apuesta de fondo es mucho más ambiciosa: reducir progresivamente el uso de perros en seguridad privada y reemplazarlos por tecnologías de detección y patrullaje. Cámaras inteligentes, sensores térmicos y drones de vigilancia hacen parte de la hoja de ruta que el Gobierno busca impulsar a mediano plazo.
“Queremos avanzar hacia una seguridad más moderna, donde la tecnología asuma el papel que hoy cumplen los animales. Mientras tanto, debemos garantizar que los perros que siguen activos lo hagan en condiciones dignas”, puntualizó Álvarez.
Qué pasa con los perros del Estado
La resolución no afecta a los caninos de la Policía Nacional ni del Ejército, que cuentan con programas propios de bienestar y entrenamiento. Sin embargo, la Ley Lorenzo también obliga a las entidades públicas a observar los principios de protección y trato digno, lo que implica que los cuerpos oficiales deberán revisar sus protocolos de descanso, transporte y retiro de los animales en servicio.
