La institución tiene imágenes para identificar a los dos atacantes, que serían particulares.
Noticias Colombia.
En un grave hecho de violencia ocurrido el pasado 3 de septiembre en la vereda Siloé del municipio de Villagarzón, Putumayo, dos uniformados del Ejército Nacional fueron brutalmente atacados con gasolina y fuego mientras participaban en una operación contra el narcotráfico. El subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez y el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya resultaron con quemaduras de tercer grado tras ser emboscados durante la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína.
Los militares hacían parte de una operación oficial contra el crimen organizado, cuando fueron rodeados por un grupo de personas que, según información preliminar, estarían bajo la influencia del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera (CDF). En medio de una asonada violenta, los civiles arrojaron gasolina a los soldados y les prendieron fuego, en un acto que ha sido catalogado como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
Tras el ataque, los uniformados fueron evacuados en helicóptero y estabilizados inicialmente en la ciudad de Florencia, Caquetá. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá, donde reciben atención especializada. El subteniente Mejía presenta quemaduras en cerca del 75 % de su cuerpo, mientras que el soldado Díaz tiene afectaciones en el 30 % de su superficie corporal. Ambos permanecen fuera de peligro.
El hecho ha generado una fuerte reacción institucional. El Ministerio de Defensa condenó el ataque y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. A su vez, las Fuerzas Militares calificaron el acto como un intento de homicidio atroz contra sus hombres en servicio, y aseguraron que no cesarán las operaciones en la región, considerada una zona estratégica para el narcotráfico.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció enérgicamente, pidiendo la suspensión de los diálogos de paz con los grupos armados responsables del ataque, hasta que haya un compromiso claro con el cese de hostilidades contra la fuerza pública y la población civil. “No se puede avanzar en conversaciones mientras se sigan presentando hechos de esta naturaleza”, declaró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Este episodio evidencia la compleja situación de seguridad que se vive en algunas regiones del país, donde el control territorial de actores armados ilegales sigue representando un riesgo para las instituciones, los civiles y la estabilidad del proceso de paz total. Las autoridades avanzan en la investigación de los hechos, mientras los dos militares luchan por su recuperación en un hospital de alta complejidad.
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