La vigilancia a la Cancillería busca evitar fallas en el contrato que reemplaza a Thomas Greg & Sons con una alianza entre la Imprenta Nacional y Portugal.
Noticias Colombia.
La Procuraduría General de la Nación realizó este lunes 7 de julio una inspección preventiva en la sede de la Cancillería, en medio de la controversia nacional por el futuro del sistema de emisión de pasaportes en Colombia.
Dicha diligencia, solicitada desde marzo por la propia canciller Laura Sarabia, busca vigilar que el proceso de cambio de proveedor se ajuste a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia, especialmente ante el riesgo de que el nuevo modelo no esté listo para operar desde septiembre.
La inspección administrativa se da en un momento crítico. El Gobierno nacional decidió no renovar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons, empresa que por más de 15 años ha tenido a su cargo la producción de pasaportes. En su lugar, se impulsa una nueva alianza entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, que tendría a su cargo la elaboración de estos documentos desde el próximo 1 de septiembre.
Sin embargo, múltiples alertas han encendido las alarmas en el país. La ahora ex canciller Laura Sarabia —quien renunció la semana pasada por diferencias con el presidente Gustavo Petro sobre este tema— advirtió que la Imprenta Nacional no estaría técnicamente lista para asumir la operación a tiempo. Esta situación podría generar un desabastecimiento de pasaportes, afectando tanto a ciudadanos como a consulados en el exterior.
A esto se suman las tensiones políticas. Con Sarabia, ya son tres los cancilleres que han salido del cargo en menos de dos años por conflictos alrededor del contrato de pasaportes: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y ahora ella. La licitación ha estado marcada por desacuerdos internos, investigaciones y cuestionamientos sobre posibles intereses políticos en la selección del nuevo modelo.
Por ahora, la inspección de la Procuraduría es de carácter preventivo. El organismo busca recopilar documentación, revisar los procesos contractuales y verificar si existen posibles riesgos disciplinarios o legales. Sin embargo, el resultado podría derivar en futuras investigaciones o sanciones si se detectan irregularidades.
