Aunque hay video, testigos y un dictamen forense, Fernando quedó libre por un tecnicismo judicial entre Antioquia y Bolívar
Noticias Colombia.
La indignación estalló en redes y calles, pero la ley no se movió. Fernando Alonso Oviedo Sánchez, el hombre grabado mientras golpeaba con furia a un perro por haberse comido un pedazo de carne, está hoy en libertad, pese a la evidencia en video, los informes forenses y la presión ciudadana. ¿Cómo ocurrió? La respuesta expone los vacíos y límites del sistema judicial colombiano frente al maltrato animal.
Oviedo se entregó voluntariamente en la estación de Policía de Yarumal, Antioquia, después de que se difundiera el video de la brutal agresión ocurrida en la vereda Regencia, municipio de Montecristo (Bolívar). La Gobernación de Antioquia incluso ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera su captura. Pero tras su entrega, las autoridades confirmaron que no existía una orden judicial ni flagrancia que justificaran su detención.
“Nunca hubo orden de captura porque el proceso se originó en redes sociales y los hechos no ocurrieron en Antioquia”, explicó el mayor Andrés Ramírez, jefe del Grupo de Carabineros. Al comprobarse que la agresión sucedió en Bolívar, el caso tuvo que ser trasladado a esa jurisdicción, lo que dejó sin competencia a la Fiscalía antioqueña y obligó a dejarlo libre.
Un limbo judicial entre departamentos
En Colombia, las investigaciones penales deben adelantarse en el lugar donde ocurre el delito. En este caso, la entrega en Antioquia no tuvo efectos legales inmediatos porque la jurisdicción competente era Bolívar, y el traslado del expediente tomó tiempo.
Sin orden de captura, sin flagrancia y sin imputación formal, la Policía no podía retenerlo. En términos simples: se entregó en el lugar equivocado, y eso fue suficiente para que la justicia no pudiera actuar.
Aun así, Oviedo sigue vinculado al proceso y deberá responder por el delito de maltrato animal agravado, tipificado en la Ley 2455 de 2025, conocida como la Ley Ángel, que castiga con penas de 20 a 42 meses de prisión los casos de sevicia o crueldad. Sin embargo, la aplicación efectiva de esa ley depende de una imputación judicial que todavía no existe.
Sin orden ni flagrancia, la ley no puede detenerlo
Fuentes cercanas a la investigación señalan que la Fiscalía de Bolívar aún no ha emitido una orden de captura porque el caso se encuentra en etapa preliminar de verificación de pruebas. Es decir, aunque hay video, testigos y un informe veterinario que confirma las lesiones, el proceso no ha avanzado lo suficiente para formalizar una acusación.
El perro, de uno a dos años de edad, fue entregado por el propio agresor a la Universidad Remington, donde un equipo médico forense comprobó una coincidencia del 100 % entre el animal agredido y el del video. El informe describe hemorragias, daño neurológico severo y pérdida parcial de movilidad, lesiones que —según los expertos— pudieron haber causado la muerte del animal.
“El animal no está bien, tiene daño neurocognoscitivo y múltiples politraumas”, aseguró el decano Julio César Aguirre. “Sobrevivió por resistencia anatómica, no por falta de violencia”.
