Durante 30 días, el Gobierno tendrá facultades extraordinarias para modificar tributos y crear nuevos ingresos fiscales.
Noticias Colombia.
Durante 30 días, Colombia entró oficialmente en un Estado de Emergencia Económica y Social, una figura constitucional que permite al Gobierno adoptar medidas excepcionales para enfrentar una crisis grave. El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 no solo declara la emergencia: también habilita cambios profundos en materia tributaria, con efectos directos sobre el bolsillo de millones de colombianos.
La decisión se produce en un contexto de déficit fiscal, presiones sobre el presupuesto nacional y falta de ingresos suficientes para cubrir obligaciones del Estado, especialmente en sectores como salud y gasto social.
Qué autoriza exactamente el decreto
El documento establece que, durante el tiempo de la emergencia, el Gobierno podrá expedir decretos legislativos con fuerza de ley, sin pasar por el trámite ordinario del Congreso. Estas normas deben estar dirigidas exclusivamente a conjurar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.
Uno de los puntos más sensibles es el tributario. El propio decreto señala que, de manera transitoria, el Ejecutivo podrá:
Crear nuevos impuestos Modificar tributos existentes Ajustar la estructura de ingresos del Estado Implementar medidas fiscales excepcionales que dejarán de regir al finalizar la siguiente vigencia fiscal
Es decir, no se trata solo de recortes o reordenamientos presupuestales, sino de cambios directos en la carga impositiva.
El foco: recaudar más ingresos
En la parte considerativa del decreto se deja claro que la crisis económica está ligada a la necesidad urgente de obtención de recursos. Por eso, las medidas que se adopten estarán relacionadas con:
Impuestos directos e indirectos Mayor carga tributaria para personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva Tributos orientados a corregir externalidades negativas, especialmente en temas ambientales y de salud pública
Esto abre la puerta a ajustes en impuestos que pagan ciudadanos, empresas y sectores específicos de la economía.
Cómo podría afectar el bolsillo de los colombianos
Aunque el decreto no fija impuestos concretos, sí define el marco que los hace posibles. En la práctica, los efectos económicos podrían sentirse en varios frentes:
En el consumo diario, si se modifican o amplían impuestos indirectos, los precios de bienes y servicios podrían aumentar, afectando especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos.
En los ingresos personales, si se ajustan impuestos directos, algunas personas naturales podrían enfrentar mayores descuentos o pagos adicionales, dependiendo de su nivel de ingresos.
En las empresas, nuevos tributos o incrementos fiscales pueden traducirse en mayores costos de operación, lo que a su vez puede reflejarse en precios más altos o menor inversión.
En sectores específicos, el decreto deja abierta la posibilidad de gravámenes dirigidos a actividades con impacto ambiental o sanitario, lo que podría encarecer ciertos productos o servicios.
Una medida temporal, pero con efectos reales
El Estado de Emergencia tiene una duración de 30 días calendario, pero los decretos que se expidan durante ese tiempo pueden tener efectos que se extiendan más allá del periodo de emergencia, siempre que estén dentro del marco constitucional.
Además, una vez finalice la emergencia, el Congreso deberá ejercer control político sobre las decisiones adoptadas, y la Corte Constitucional revisará la legalidad de cada decreto.
Un debate que apenas comienza
El Decreto 1390 marca el inicio de una etapa de alta tensión económica y política. Para los colombianos, el tema central no es solo la emergencia en sí, sino cómo se traducirá en impuestos, costos de vida y estabilidad financiera.
Las decisiones que se tomen en estas semanas serán clave para el rumbo económico del país y para la confianza de ciudadanos y mercados. La emergencia está decretada; ahora, el impacto dependerá de cómo se ejerzan esas facultades extraordinarias.
