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Un debate de control político en 2014 en el Congreso abrió la puerta a un proceso en el que Uribe denunció al senador Cepeda, pero la Corte decidió que el investigado debía ser el expresidente por supuesto soborno a testigos, dos exparamilitares.
Este viernes será un día definitivo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno de testigos en un caso que se ha extendido por seis años y que él mismo inicio como denunciante y en el que terminó denunciado, investigado y con casa por cárcel por algunas semanas. Su caso debía entonces definirse este 2021, en la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación, ha pedido la audiencia de preclusión de la investigación. El ente investigador sostiene que tras evaluar las pruebas e información, "las conductas por las cuales se vinculó al excongresista al caso, no tienen característica de delito, y otras que sí lo son, no se le puede atribuir como autor o participe".
Un debate inició todo
Todo empezó el 17 de septiembre del 2014 en el Congreso de la República, cuando un debate de control político terminó en una acalorado debate de 10 horas. Era a Uribe a quien le hacían la discusión de control político, y allí, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, señaló a su colega de supuestos nexos con el paramilitarismo. Cepeda mencionó la versión de dos exparamilitares de Antioquia, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes dijeron que supuestamente el Bloque Metro de las Autodefensas había nacido en la finca Guacharacas, de los Uribe Vélez. El puntos más álgido de aquel debate, fue cuando el senador mencionó que los exparamilitares dijeron que todo había sido "con la venia del expresidente". Uribe anunció que denunciaría a Cepeda. Ese mismo día abandonó el Congreso y se fue directo al Palacio de Justicia, interpuso la denuncia. Las interceptaciones telefónicas dieron un giro al caso, y el expresidente pasó de denunciante a denunciado e investigado. Autoridades encontraron personas cercanas a Uribe habrían presionado e intentado sobornar a los testigos para que cambiaran la versión que le habían dado a Cepeda. Y así el caso lleva casi seis años, en 2019 por cuenta de la ley de doble instancia se crearon nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia, la Corte debía definir la situación jurídica del expresidente.
Un año después, en 2020, un informe de más de 1000 páginas determinó que habría suficientes pruebas para que se continuara la investigación contra Uribe. Para esa fecha, ya había más testigos en contra del exgobernador de Antioquia.
Casa por cárcel
Fue el 4 de agosto del 2020 cuando la Sala de Instrucción, en un hecho sin antecedentes, ordenó la medida de aseguramiento contra el senador. Esta decisión casi histórica en la vida democrática de Colombia y que causó revuelo, manifestaciones a favor y en contra generando un sismo político, se sostuvo hasta octubre del mismo año, pues para ese mes quedó en libertad. Había permanecido detenido en su finca en El Uberrimo. Durante su detención domiciliaria, Uribe renunció a su curul en el Senado. En Noviembre, con el exsenador ya en libertad un juez ratificó que podía seguir libre, que ya estaba en calidad de imputado y que sería la Fiscalía quien debía dar el siguiente paso para definir el caso. Había de plazo 120 días que vencen, este viernes 5 de marzo. Ahora es la Fiscalía la que queda en medio de la tormenta porque debía definir si pedía la preclusión del caso. Cualquier decisión sin duda, generará polémica y un duro debate en Colombia. Y ha decidido, pedir la preclusión de la investigación. https://twitter.com/C1Palomino/status/1367808531504758786?s=20
