La entidad explicó que las inconformidades sobre votos o actas deben tramitarse ante las comisiones escrutadoras y únicamente por actores autorizados por la ley.

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En medio del debate político por el desarrollo de los procesos electorales en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con posibles reclamaciones en los escrutinios. La entidad recordó que el procedimiento para cuestionar resultados o inconsistencias durante esta etapa está regulado por la ley y sólo puede ser ejercido por actores específicos que participen formalmente en el proceso electoral.

Según lo establece el Código Electoral de Colombia, las reclamaciones durante los escrutinios deben ser presentadas exclusivamente por los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales que estén debidamente acreditados ante las autoridades correspondientes.

Estas solicitudes deben radicarse ante las comisiones escrutadoras, organismos encargados de revisar y consolidar los resultados oficiales tras la jornada de votación.

La aclaración se produce luego de que el mandatario expresara inquietudes sobre el desarrollo del conteo de votos y la posibilidad de irregularidades en algunas etapas del proceso. Ante esto, la Registraduría enfatizó que el sistema electoral colombiano contempla mecanismos formales para revisar posibles inconsistencias, pero que estos deben seguir el procedimiento establecido por la normativa vigente.

En el esquema electoral del país, los resultados que se conocen la noche de las elecciones corresponden al llamado preconteo, un reporte preliminar elaborado por los jurados de mesa que permite tener una tendencia inicial. Sin embargo, los resultados oficiales se determinan durante el escrutinio, etapa en la que las comisiones revisan actas, votos y eventuales reclamaciones para consolidar el resultado definitivo.

La entidad electoral también subrayó que el objetivo de este proceso es garantizar la transparencia y la trazabilidad del voto, permitiendo que las campañas políticas y sus representantes puedan vigilar cada etapa del conteo. De esta manera, cualquier inconformidad debe canalizarse dentro de los mecanismos institucionales previstos por la ley.

Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente discusión pública sobre la confianza en el sistema electoral y los procedimientos de verificación de resultados.