Debate surge por impacto del crimen en menores y jóvenes.
Noticias Cali.
La violencia en Cali volvió a quedar en el centro del debate público tras una sesión de control político a la Secretaría de Seguridad en el Concejo Distrital. Allí, concejales expusieron un panorama no solo el de homicidios, sino también una crisis estructural ligada a factores sociales y económicos.
Las cifras son contundentes: según datos, la ciudad concentra el 8,54 % de los homicidios del país y registra una tasa de 45,6 muertes por cada 100.000 habitantes, la más alta entre las principales capitales. Solo en 2025 ya se contabilizan más de 1.067 casos.
Pero más allá de los números, el foco del debate estuvo en quiénes están muriendo.
El análisis del Concejo dejó en evidencia que la violencia en Cali tiene un impacto desproporcionado en jóvenes. Del total de homicidios registrados este año, 420 corresponden a personas entre los 18 y 28 años, mientras que 59 víctimas eran menores de edad, entre los 12 y 17 años.
La preocupación crece al mirar el histórico: desde 1993, más de 29.000 jóvenes han sido asesinados en la ciudad, lo que refleja una problemática persistente que no ha logrado contenerse con las políticas actuales.
Según lo discutido, gran parte de estos casos estaría vinculada a dinámicas delincuenciales, que representarían el 73 % de los homicidios, lo que refuerza la necesidad de intervenciones integrales.
Seguridad en entredicho: cámaras que no responden y delitos sin resolver
A las cifras se suma un elemento que genera especial preocupación: las fallas en el sistema de videovigilancia. Durante el debate se advirtió que las cámaras presentan problemas de funcionamiento, lo que limita la capacidad de identificar a los responsables y reaccionar de manera oportuna frente a los hechos delictivos.
Este punto encendió las alarmas entre los concejales, quienes cuestionaron la efectividad de las herramientas tecnológicas implementadas para combatir el crimen en la ciudad.
Ante el panorama, volvió a plantearse la posibilidad de implementar un toque de queda sectorizado en las comunas con mayores índices de violencia, especialmente en sectores donde la presencia de estructuras criminales es más fuerte.
La propuesta también contempla restricciones para menores de edad, en medio de las alertas por su instrumentalización por parte de bandas delincuenciales.
“El mapa de la muerte coincide con el de la exclusión”
El concejal Sergio Mauricio Zamora fue uno de los críticos frente a la actual política de seguridad, señalando que las estrategias implementadas no han logrado frenar el problema de fondo.
“Estamos repitiendo una estrategia que ha fracasado. Cali es hoy una de las ciudades más violentas de América Latina y lo más grave es que el mapa de la muerte coincide exactamente con el mapa de la exclusión, donde hay pobreza extrema, desempleo e inasistencia escolar es donde se concentran los homicidios”, denunció Zamora.
El cabildante también alertó sobre el papel de economías ilegales como la minería en los Farallones y el narcotráfico, que estarían financiando la compra de armas y el fortalecimiento de grupos criminales, incluso con presencia visible en zonas rurales.
Las comunas 13, 14, 15 y 21 fueron señaladas como las más afectadas por esta situación.
Al debate se sumó el concejal Roberto Ortiz, quien expresó su preocupación por el deterioro de los indicadores sociales y la falta de resultados concretos en materia de seguridad.
En ese sentido, varios concejales coincidieron en que no basta con medidas restrictivas o de control, sino que se requiere una articulación real entre seguridad, educación y desarrollo económico para atacar las causas estructurales de la violencia.
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