La Secretaría de Movilidad advierte que estas prácticas ya no son improvisadas y responden a esquemas organizados en redes privadas.

Las carreras ilegales de motocicletas, conocidas popularmente como “piques”, están dejando de ser encuentros ocasionales para convertirse en una práctica cada vez más estructurada en Cali. Las autoridades locales han encendido las alertas tras identificar que detrás de estas maniobras existe una organización que les permite anticiparse a los operativos y evadir controles.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes participan en estas actividades no actúan de manera improvisada. Por el contrario, utilizan grupos cerrados en plataformas digitales para coordinar cada detalle: desde el lugar exacto donde se realizarán las carreras hasta los horarios más convenientes para evitar la presencia de agentes.

Este nivel de coordinación ha dificultado la labor de control en la ciudad. En muchos casos, cuando las autoridades llegan a intervenir, los participantes ya han sido advertidos y se dispersan rápidamente, lo que reduce la efectividad de los operativos en terreno.

Durante la última semana, las acciones institucionales dejaron como resultado la inmovilización de 50 motocicletas, una cifra que refleja tanto la frecuencia de estas prácticas como la necesidad de fortalecer las estrategias de control. Las autoridades también han detectado que varios de estos vehículos presentan modificaciones no autorizadas, especialmente en sistemas de escape y potencia, lo que incrementa los riesgos.

El fenómeno no solo representa un desafío en términos de movilidad, sino también de seguridad. Estas carreras suelen desarrollarse en horarios nocturnos y en vías principales, poniendo en peligro a conductores, peatones y a los mismos participantes. Además, generan afectaciones por ruido y alteración del orden público en distintos sectores de la ciudad.

Frente a este panorama, la Secretaría ha insistido en la importancia de combinar operativos en vía con labores de seguimiento digital, con el fin de anticiparse a las convocatorias y desarticular estos grupos. El objetivo, señalan, es reducir la incidencia de estas prácticas antes de que escalen a situaciones más graves.