Las Naciones Unidas emitieron este jueves una advertencia urgente sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Colombia, señalando que el país corre el riesgo de «revertir a la grave situación» que enfrentaba antes del histórico acuerdo de paz con las FARC, mientras se prepara para elecciones cruciales en los próximos meses.
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El organismo internacional alertó que el aumento de la violencia en zonas rurales podría «socavar» el proceso electoral, en momentos en que el país enfrenta una escalada de confrontaciones armadas que amenazan con desestabilizar regiones enteras.
Violencia rural amenaza estabilidad electoral
La advertencia de la ONU llega en un momento crítico para Colombia, cuando diversos grupos armados han intensificado sus operaciones en áreas remotas del país. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, la seguridad lograda tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC está siendo erosionada rápidamente.
«Estamos observando patrones preocupantes que nos recuerdan los peores momentos del conflicto armado colombiano», indicó el informe presentado este jueves en Bogotá, destacando el incremento de asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y ataques contra líderes sociales.
Contexto electoral de alta tensión
Las elecciones presidenciales, programadas para los próximos meses de 2026, se desarrollarán en un ambiente de creciente inestabilidad. La ONU expresó su preocupación particular por la capacidad del Estado colombiano de garantizar votaciones libres y seguras en regiones donde grupos armados ilegales ejercen control territorial.
Organizaciones de derechos humanos locales han documentado un aumento del 40% en amenazas contra candidatos locales y activistas comunitarios en los últimos seis meses, según datos preliminares citados por el organismo internacional.
Llamado a la acción gubernamental
La advertencia de la ONU constituye un desafío directo para el gobierno colombiano, exigiendo medidas inmediatas para proteger a la población civil y garantizar que el proceso electoral transcurra sin interferencias violentas.
El informe también destaca la necesidad de fortalecer la presencia institucional del Estado en zonas rurales, donde el vacío de poder tras la desmovilización de las FARC ha sido ocupado por grupos disidentes, bandas criminales y estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las autoridades colombianas aún no han emitido una respuesta oficial al pronunciamiento de las Naciones Unidas, mientras observadores internacionales monitorean de cerca la evolución de la situación de seguridad en el país sudamericano.
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