Autoridades confirmaron que no hubo agresión sexual contra los menores, mientras el presidente llamó la atención sobre el riesgo de juzgar a partir de imágenes virales.

Noticias Bogotá.

El caso que durante horas encendió la indignación de cientos de ciudadanos en Bogotá terminó dando un giro contundente tras la intervención de las autoridades. Lo que inicialmente fue interpretado como un presunto abuso sexual contra un menor, hoy es presentado como una confusión amplificada por redes sociales y reacciones precipitadas.

Los hechos ocurrieron en un conjunto residencial del norte de la capital, donde un ciudadano estadounidense, en proceso de adopción de tres menores colombianos, fue señalado por vecinos tras la difusión de videos en los que se observaba a uno de los niños en una situación que generó alarma. Las imágenes se viralizaron rápidamente, provocando una reacción ciudadana masiva y la intervención inmediata de las autoridades.

ICBF descarta abuso y revela que todo fue un episodio malinterpretado

Sin embargo, tras la activación de los protocolos correspondientes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue contundente en su pronunciamiento. Su directora confirmó que no existió ningún tipo de violencia sexual, y los exámenes médicos y forenses practicados a los menores descartaron cualquier evidencia de abuso, desmintiendo así la versión inicial que se había instalado en la opinión pública.

De acuerdo con la explicación entregada por la entidad, lo ocurrido se originó en un incidente doméstico mientras los niños jugaban. En medio de la situación, uno de los menores presentó un momento de alteración y el padre decidió llevarlo al balcón con el fin de que se calmara y pudiera respirar. Este hecho, descontextualizado en los videos, fue interpretado erróneamente por los vecinos.

El caso también dejó en evidencia las consecuencias de la intervención de terceros sin conocimiento pleno de los hechos. Algunos vecinos reaccionaron con señalamientos y gritos hacia la familia, generando un ambiente de tensión que impactó directamente a los menores. En particular, la adolescente de 15 años, quien ya había construido un vínculo con la pareja, tuvo que asumir un rol activo en medio de la crisis, incluso sirviendo como traductora.

En paralelo, se conoció que el proceso de adopción llevaba varios años de evaluación y se encontraba en su fase final de integración, un momento clave antes de la formalización definitiva del vínculo familiar. No obstante, tras lo sucedido, el proceso fue suspendido de manera temporal mientras se evalúa el impacto emocional en los menores.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso, señalando que, según la información disponible, no se habría cometido ningún delito. El mandatario hizo énfasis en cómo las imágenes difundidas generaron una percepción colectiva equivocada, lo que derivó en una reacción masiva basada en una interpretación incompleta de los hechos.

Además, el jefe de Estado advirtió sobre los riesgos de la desinformación en entornos digitales, destacando cómo contenidos sin contexto pueden desencadenar juicios apresurados que afectan gravemente a personas inocentes.

Más allá de la aclaración institucional, el caso deja una reflexión de fondo sobre el poder de las imágenes y la velocidad con la que se construyen narrativas en la era digital. La combinación de alerta ciudadana sin verificación terminó generando un escenario en el que, según las autoridades, los principales afectados fueron los niños.

Ahora, el futuro del proceso de adopción dependerá de las evaluaciones que adelanten las entidades competentes, que deberán determinar si existen las condiciones emocionales y psicológicas para retomar el camino hacia la conformación de esta familia.