La resolución incluye medidas para enfrentar la discriminación y garantizar la no repetición.
Noticias Internacionales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos como «el crimen de lesa humanidad más grave» de la historia. La votación dejó 123 países a favor, tres en contra —Argentina, Israel y Estados Unidos— y 52 abstenciones.
La iniciativa, impulsada por países de África, el Caribe y América Latina, reconoce que este modelo de explotación se extendió por más de cuatro siglos y sigue afectando a millones de personas. El texto lo define como «la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad» por su magnitud y consecuencias.
La resolución sostiene que este sistema instauró «el primer régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua», consolidando jerarquías raciales que aún influyen en las estructuras sociales.
El documento recuerda que esta práctica fue legitimada por normas históricas que trataban a las personas como bienes. También menciona el principio «partus sequitur ventrem», que establecía que la condición de esclavo se heredaba por vía materna.
Crímenes que no prescriben
Uno de los puntos centrales es que «los delitos relacionados con la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos no están sujetos a prescripción», por lo que los Estados deben asumir su responsabilidad.
La Asamblea General instó a abrir diálogos para avanzar en justicia reparadora, incluyendo disculpas formales, indemnizaciones y garantías de no repetición, así como cambios en políticas públicas contra el racismo. Sin embargo, varios líderes occidentales se han opuesto incluso a debatir el tema, y críticos sostienen que los Estados e instituciones actuales no deberían ser considerados responsables de errores históricos.
El texto resalta el «carácter excepcionalmente generizado» del sistema, que sometió a mujeres y niñas africanas a «violencia sexual, reproducción forzada y servidumbre doméstica», vulnerando sus derechos.
La resolución también reconoce la resistencia de africanos y afrodescendientes y pide fortalecer la educación, la investigación y la preservación de la memoria histórica.
Finalmente, el documento solicita la devolución de bienes culturales a sus países de origen y se enmarca en el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), reavivando el debate sobre justicia histórica.
