La Contraloría detectó que en 2023 se eliminaron deudas millonarias de EMCALI sin identificación de deudores ni autorización del comité encargado, generando un detrimento patrimonial de más de $7.000 millones.

Según el organismo de control, las decisiones de saneamiento —prescripción, depuración, castigo y extinción de cartera— se tomaron de forma general, sin cumplir los requisitos legales mínimos, lo que habría favorecido indebidamente a terceros y generado un grave detrimento patrimonial al Estado.

Actos confusos y sin control

En su auto, la Contraloría fue tajante: los actos administrativos de EMCALI carecieron de datos esenciales como la identificación de los titulares de las obligaciones, la valoración de las deudas, el número de facturas y la autorización del Comité de Cartera y Recaudo, órgano clave para aprobar este tipo de medidas.

En otras palabras, se borraron deudas sin establecer quién debía el dinero, cuánto exactamente ni bajo qué respaldo jurídico.

Lo más delicado: deudas sin identificar ni justificar

El informe agrega que las resoluciones se expidieron de manera “general y confusa”, sin precisar si se trataba de prescripción, castigo, depuración o extinción de cartera. Para la Contraloría, la omisión en controles y soportes constituye una gestión “ineficiente, ineficaz y antieconómica”, que impactó directamente el patrimonio público.

Los implicados

El proceso vincula a funcionarios y contratistas de la Unidad de Recaudo y Gestión de Cobro de EMCALI en la época de los hechos:

Paola Andrea Vernaza, jefa de la unidad. Derly Lorena Carvajal, contratista. Leonardo Cardona, abogado contratista. Daihi Alexander Lizalda Peláez, abogado de la unidad.

La Contraloría señala que Vernaza tenía el deber de cuidado y control sobre los actos administrativos, mientras que los contratistas debían mantener actualizados los sistemas de información y apoyar auditorías internas y externas, tareas que —según el ente de control— no se cumplieron.

Además, se vinculó como terceros civilmente responsables a las aseguradoras Allianz y La Previsora, debido a las pólizas que amparaban la gestión de los implicados.

Proceso en curso

El caso será tramitado bajo el procedimiento ordinario en doble instancia, con práctica de pruebas, audiencias de versión libre y la posibilidad de decretar medidas cautelares sobre bienes.

La Contraloría enfatizó que estos hechos corresponden a la administración pasada y no involucran a la actual gerencia de EMCALI.