Desde el Encuentro Nacional de Persocapitales, celebrado en Barranquilla, Gerardo Mendoza Castrillón, Personero distrital de Santiago de Cali, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las instituciones públicas
Noticias Valle.
Desde Barranquilla, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, instó al Gobierno Nacional a priorizar la seguridad en la región. “No podemos tolerar más amenazas contra personeros ni poner en riesgo sus vidas mientras cumplen con su labor de proteger el orden público”, declaró.
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Mendoza expresó su preocupación por la creciente vulnerabilidad de estas áreas, las cuales enfrentan una fuerte presencia de grupos armados ilegales, quienes buscan extender su control a través de actividades ilícitas como la minería ilegal.
Según el Defensor, la falta de una estrategia clara y efectiva por parte del Gobierno ha dejado a estas comunidades en una situación de extrema fragilidad. “Es urgente que las instituciones nacionales se enfoquen en el suroccidente colombiano, donde las comunidades claman por justicia, protección y cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, aseguró Mendoza.
El Defensor también destacó la necesidad de asegurar la protección y autonomía de los defensores de derechos humanos y otros servidores públicos que se encuentran en riesgo debido al conflicto armado.
En este sentido, enfatizó que la labor de estos defensores está respaldada por la Constitución, subrayando que su trabajo es fundamental para la garantía de los derechos humanos en el país.
Las personerías son un pilar fundamental
Durante su intervención, Mendoza reiteró el compromiso de las personerías del país con los territorios más afectados por la violencia. Propuestas concretas, como comenzar con un plan de apoyo en Nariño, fueron presentadas como un símbolo de compromiso con las comunidades más golpeadas. “Debemos demostrar que las personerías son un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de la paz”, afirmó.
La Defensoría del Pueblo de Cali continuará exigiendo acciones concretas para garantizar la protección de la población civil y reforzará su compromiso con la defensa de los derechos humanos en un contexto complejo y desafiante para la región.
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