Fiscalía de Perú apunta a una red de sicariato y a alguien de su círculo más cercano.
Noticias Internacionales.
El brutal asesinato de la pediatra Minosca Pinto Lazo en Piura, Perú, ha destapado, según la investigación fiscal y policial, una trama que involucra seguros de vida millonarios, sicarios jóvenes y un exesposo médico bajo investigación. El caso que conmocionó a la comunidad médica peruana va mucho más allá de un posible crimen pasional.
El 10 de abril, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que Minosca Pinto Lazo fue ejecutada alrededor de las 13:53 horas frente a su domicilio en una urbanización de Piura. Un sicario vestido con polo blanco y short negro le disparó múltiples veces por la espalda cuando ella se disponía a abrir el portón de su casa, y la pediatra, especialista en gastroenterología pediátrica, cayó sin vida de inmediato.
Lo que parecía un crimen sin sentido comenzó a revelar sus verdaderas dimensiones cuando la Policía Nacional identificó a los presuntos autores materiales. De acuerdo con las investigaciones, Luis Alejandro Rojas Guillén, alias “Cara de Chancho”, sería el sicario; Junior Miñán Seminario (19 años), el conductor de la motocicleta; y Cristian Sopalaya Bayona, alias “Ite” o “Ipe”, el “marcador” que seguía los movimientos de la doctora.
Los seguros de vida: el presunto móvil económico
Durante el registro al consultorio de la doctora en una clínica de Castilla, las autoridades hicieron un descubrimiento clave: según la información fiscal, Minosca Pinto había contratado varias pólizas de seguro de vida que, en conjunto, sumaban aproximadamente 1,3 millones de soles. De acuerdo con Infobae y medios locales, al menos dos de estos seguros —uno por un millón y otro por 300.000 soles— consignaban como beneficiario a su esposo, el médico William (Wilson William) Seminario Girón.
Este hallazgo reforzó la hipótesis de un móvil económico y modificó la línea de investigación. Como han señalado medios peruanos, el padre de la víctima declaró que Seminario enfrentaba deudas significativas, incluyendo un préstamo para la construcción de un consultorio y obligaciones pendientes con la propia familia de la doctora Pinto.
Las confesiones de los implicados
Tras su captura, algunos de los implicados confesaron su participación y, según la tesis fiscal, señalaron a William Seminario como la persona que habría ordenado el crimen y ofrecido un pago de 10.000 soles. De acuerdo con las declaraciones recabadas por el Ministerio Público, el conductor de la motocicleta, Junior Miñán, habría manifestado a su entorno que “el viejo había indicado” y que quien ordenó el asesinato era “su esposo”.
La Policía Nacional, mediante el análisis de cámaras de seguridad de la clínica donde trabajaba la víctima, reconstruyó la operación criminal. Cristian “Ite” o “Ipe” habría seguido a la doctora desde su lugar de trabajo, la marcó cuando abordó un taxi y, según la investigación, comunicó por celular en qué vehículo se dirigía a su domicilio para coordinar el ataque mortal.
La defensa del exesposo y la batalla legal
William Seminario fue detenido inicialmente, pero recuperó su libertad luego de que venciera el plazo de detención y un juez determinara que, de momento, no se habían presentado elementos suficientes para mantenerlo en prisión. Su defensa sostiene que fue arrestado únicamente por posesión de cinco chips telefónicos y niega categóricamente cualquier vínculo con el homicidio. El médico ha anunciado acciones legales contra la Policía Nacional por haberlo señalado públicamente como presunto autor intelectual.
“Yo no soy un delincuente. Jamás me debieron tratar como uno”, declaró Seminario tras su liberación, añadiendo que su detención violó sus derechos constitucionales. Su abogado defensor insiste en que deben trabajarse “elementos de convicción objetivos, no solo sindicaciones”.
Sin embargo, la Fiscalía ha incorporado nuevos elementos que, a su juicio, fortalecen la imputación contra el exesposo de la víctima. Con base en los seguros de vida descubiertos, las declaraciones de los sicarios capturados y el testimonio del padre de la doctora sobre las deudas de Seminario, el Ministerio Público solicitó 9 meses de prisión preventiva por el presunto delito de sicariato agravado.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura reprogramó la audiencia para el 5 de mayo, luego de que se detectara una notificación defectuosa a uno de los acusados. Ese día se evaluarán los indicios reunidos durante la investigación contra cinco investigados, entre ellos William Seminario Girón.
Una vida dedicada a salvar niños
Minosca de Jesús Pinto Lazo se había convertido en una referencia médica en Piura. Especializada en gastroenterología pediátrica —una rama poco extendida en la región—, según medios locales dedicaba su vida al tratamiento de trastornos digestivos y problemas nutricionales en niños y adolescentes. Trabajaba en diversas clínicas privadas, incluyendo la clínica Miraflores de la red Auna.
Colegas y pacientes la describen como una profesional con marcada vocación de servicio, ética intachable y constante actualización. Su asesinato generó una ola de indignación en el Colegio Médico del Perú, que emitió comunicados exigiendo una investigación exhaustiva y alertando sobre el avance del crimen organizado y el sicariato en el país.
La familia de la doctora Pinto mantiene reserva sobre los detalles de su relación con Seminario, aunque confirmaron que la pareja estaba separada al momento del crimen. Según primos de la víctima citados por la prensa local, la relación “no iba bien, tenía quiebres”, pero se mantenía cierto contacto debido al hijo que tenían en común.
El padre de la pediatra ha pedido públicamente que se esclarezca quién ordenó el crimen y que se llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar el cargo o la posición económica de los implicados. Colectivos ciudadanos y gremios médicos han convocado vigilias y marchas para exigir justicia por Minosca Pinto y mayor protección para los profesionales de la salud frente al aumento de la violencia.
