La insatisfacción crece entre los usuarios de la empresa de energía del Bajo Putumayo, quienes se quejan de facturas exorbitantes y constantes interrupciones del servicio.

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Los residentes del Bajo Putumayo están alzando la voz frente a los alarmantes incrementos en sus facturas de energía. Una usuaria, por ejemplo, vio cómo su factura se disparó de 78,140 pesos el mes anterior a la asombrosa cifra de 615,390 pesos en el último recibo. Esta situación no solo está afectando el bolsillo de los ciudadanos, sino que también está generando un considerable estrés mental, pues muchos no saben cómo enfrentar el pago de estos servicios esenciales. La situación la dio a conocer Putumayo noticias sin Sensura.

Las quejas hacia la empresa de energía no se limitan solo a los altos costos, sino que también incluyen interrupciones frecuentes en el servicio, lo que agrava aún más la situación. A esto se suman los aumentos en el cobro por alumbrado público y aseo, que afectan a todos los estratos sociales.

Los usuarios están demandando una mayor representación en la toma de decisiones relacionadas con las tarifas de los servicios públicos. “Es crucial que se escuche a los vocales de control y que se establezcan espacios donde la comunidad pueda expresar sus preocupaciones”, afirmó un portavoz de la comunidad. Resaltó que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por abrir espacios a diversas poblaciones, aún persiste un vacío en la representación de los usuarios de energía.

La falta de un proceso claro para la elaboración de fórmulas tarifarias ha llevado a que muchos se sientan desprotegidos. “Los derechos de los usuarios deben ser respetados y debemos ser parte activa en estas discusiones”, insistió el representante comunitario.

En este contexto, los habitantes del Bajo Putumayo están convocando a la creación de comités de desarrollo y control social que permitan unificar criterios y dar voz a quienes se ven afectados por estas decisiones. La comunidad espera que sus reclamos sean atendidos y que se tomen medidas para garantizar una mayor transparencia en la fijación de tarifas de energía.

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