Un paso histórico para la salud de las mujeres en el país.
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En un fallo histórico, la Corte Constitucional de Colombia ha dictaminado que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, deben cubrir los costos de los procedimientos médicos necesarios para el retiro de biopolímeros y el tratamiento de complicaciones derivadas de implantes mamarios.
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Esta decisión subraya la importancia de la salud física y mental de las mujeres que se han sometido a estos procedimientos estéticos.
El dictamen de la Corte reconoce que los procedimientos para retirar biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), obligando a las EPS a asumir los costos de estos tratamientos.
Esto asegura que las mujeres afectadas reciban la atención necesaria sin enfrentar barreras financieras.
Obligación de diagnóstico y tratamiento
La Corte también afirmó que los médicos y las organizaciones médicas tienen la obligación de diagnosticar y tratar los graves síntomas causados por las cirugías estéticas de implantes mamarios.
Este fallo se basa en el análisis del caso de seis mujeres afectadas, quienes enfrentaron serios problemas de salud física y mental como consecuencia de estos procedimientos.
En tres de los casos presentados, las mujeres declararon que fueron influenciadas por sus parejas sentimentales para someterse a estos procedimientos, algunos de los cuales incluso fueron pagados por sus parejas.
La Corte subrayó la necesidad de que la decisión de las mujeres de practicarse procedimientos estéticos sea libre y espontánea, sin presiones estereotipadas.
Por su parte, el alto tribunal instó al Estado a tomar medidas que aseguren la libertad de decisión de las mujeres y exhortó a las entidades competentes a sancionar efectivamente a las personas y establecimientos que ofrecen servicios médicos sin la debida autorización.
Barreras en la atención médica
Las mujeres afectadas acudieron a sus respectivas EPS buscando diagnóstico y tratamiento, pero encontraron barreras debido a que las cirugías estéticas y sus complicaciones no estaban cubiertas por el PBS.
Esto llevó a que muchas pacientes tuvieran que asumir los costos de los procedimientos necesarios por cuenta propia.
En cuatro de los seis casos, los jueces de instancia protegieron los derechos de las accionantes a la salud y a una vida digna.
Sin embargo, en dos casos, los jueces de tutela no protegieron estos derechos y responsabilizaron a las mujeres de sus síntomas por haberse sometido a procedimientos estéticos.
Ley 2316 de 2023
La Corte también hizo referencia a la Ley 2316 de 2023, que exige que el sistema de salud asuma el costo del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y procedimientos para el retiro de sustancias modelantes no permitidas, incluyendo el apoyo psicosocial para las personas afectadas.
Corte reconoce que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros y aquellos necesarios para tratar los graves síntomas generados por las cirugías estéticas de implantes mamarios están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud. SU 239/24
📹 https://t.co/vJBQKqFKok pic.twitter.com/w5OGDbE7Cu— Corte Constitucional (@CConstitucional) June 24, 2024
Derecho al libre desarrollo de la personalidad
El fallo subrayó el derecho de las mujeres al libre desarrollo de la personalidad, permitiéndoles decidir sobre su apariencia física sin presiones sociales.
No obstante, reconoció que las presiones estereotipadas pueden influir en estas decisiones, perpetuando estructuras de poder desiguales y objetivando los cuerpos de las mujeres.
Reglas de decisión
La Corte precisó varias reglas de decisión aplicables a los casos concretos:
Los procedimientos con fines estéticos están excluidos del PBS, pero deben ser cubiertos si su finalidad principal es la recuperación de la dignidad y la salud mental, siempre que haya una orden médica.
Los médicos tratantes y las EPS no pueden abstenerse de autorizar los procedimientos necesarios para retirar biopolímeros o implantes mamarios.
Las EPS deben asumir los costos de diagnóstico y tratamiento de complicaciones derivadas de estos procedimientos.
Las EPS están obligadas a valorar los dictámenes y órdenes médicas emitidas por médicos particulares.
Finalmente, la Corte ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud emitir circulares y adoptar medidas para garantizar la financiación de estos procedimientos, en línea con los términos establecidos por la decisión de la Corte.
Esta sentencia representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres, asegurando que reciban el tratamiento necesario sin enfrentar barreras económicas o administrativas.
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