Vencimientos contractuales, prórrogas tardías y fallas operativas explican por qué la recolección podría fallar en varios barrios.

Noticias Cali.

Cada inicio de año, en distintos barrios de Cali se repite la misma escena: bolsas acumuladas en las esquinas, rutas que no pasan con la frecuencia habitual y vecinos que no saben a quién reclamar. Aunque suele presentarse como una falla puntual, documentos oficiales muestran que el problema tiene una raíz que se repite año tras año.

Un oficio reciente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), dirigido a EMSIRVA E.S.P. en liquidación, advierte que los contratos de operación del servicio de aseo —recolección, barrido y limpieza— vencen a finales de enero.

Ante este escenario, la Alcaldía solicitó información detallada sobre cómo se garantizará la continuidad del servicio y qué tratamiento jurídico se dará a esos contratos.

Qué dice la UAESP

El documento plantea dos escenarios: la prórroga o continuidad de los contratos, o su terminación. En ambos casos, la UAESP exige claridad sobre la gestión operativa, la información a los usuarios y la devolución de componentes clave como bases de datos, contratos de condiciones uniformes y sistemas de información.

Este tipo de requerimientos no es aislado. Enero suele convertirse en un mes crítico para el servicio de aseo porque muchos contratos públicos cierran entre diciembre y enero.

Cuando las prórrogas se retrasan o quedan en discusión, los operadores suelen reducir frecuencias, ajustar rutas o priorizar zonas principales mientras se define el respaldo contractual.

A esto se suma un factor operativo: enero arranca con un mayor volumen de residuos tras las festividades de fin de año, pero con menor capacidad institucional de control debido a vacaciones, empalmes administrativos y trámites pendientes. La combinación suele sentirse primero en barrios periféricos y sectores donde el servicio ya presenta debilidades.

El oficio de la UAESP también pone el foco en una obligación clave: si los contratos terminan, los operadores deben informar con al menos un mes de anticipación, por medios masivos, que EMSIRVA volvería a ser el prestador del servicio, tal como lo establece la Ley 142 de 1994. Además, deben devolver los usuarios y los contratos de condiciones uniformes, garantizando la continuidad del servicio y la protección de los derechos de la ciudadanía.

Hasta el momento, EMSIRVA no ha emitido un pronunciamiento público frente a este requerimiento.