El informe advierte fallas en la gestión del riesgo, baja cobertura en la flota aérea y posibles impactos fiscales para el Estado.
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El accidente de un avión militar tipo C-130 Hércules ocurrido el pasado 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó al descubierto una de las principales debilidades del sector defensa en Colombia: la falta de aseguramiento en su flota aérea. Según reveló la Contraloría General de la República, la aeronave siniestrada no contaba con una póliza de seguro vigente al momento del accidente.
El hallazgo no es menor. La ausencia de cobertura implica que el Estado deberá asumir directamente los costos derivados del siniestro, incluyendo posibles indemnizaciones, lo que representa un impacto fiscal significativo y evitable bajo esquemas adecuados de gestión del riesgo.
Una cobertura mínima en la flota aérea
El caso del Hércules accidentado refleja una problemática más amplia. Actualmente, solo el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana está asegurado, una cifra que evidencia una brecha considerable en la protección de estos activos estratégicos.
Esta baja cobertura no solo limita la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también expone al Estado a asumir pérdidas económicas de alto costo en escenarios adversos.
El análisis también revela inconsistencias en la forma en que se están evaluando los riesgos dentro de la flota aérea. Se han detectado casos en los que aeronaves con alta exposición operativa —como aquellas desplegadas en zonas complejas— cuentan con coberturas insuficientes.
En contraste, otras con menor nivel de riesgo presentan sobreestimaciones en su aseguramiento. Este desbalance sugiere problemas en la estructuración de las políticas de cobertura y en la asignación eficiente de los recursos.
Más presupuesto, pero sin resolver el problema de fondo
Aunque el presupuesto del sector defensa ha mostrado un crecimiento sostenido entre 2024 y 2026, ese aumento no ha sido suficiente para atender las necesidades estructurales. Persisten rezagos en modernización, mantenimiento de aeronaves y reposición de equipos.
Uno de los principales obstáculos es la alta proporción de recursos destinada a gastos de funcionamiento, lo que reduce la capacidad de inversión en áreas estratégicas. Si bien en 2026 se registra una leve recuperación en este componente, aún se requiere una política sostenida que permita cerrar las brechas existentes.
Riesgos fiscales y sostenibilidad en entredicho
El informe también advierte sobre riesgos fiscales que van más allá del accidente. Entre ellos, el pasivo pensional de la Fuerza Pública, que podría superar los 140 billones de pesos, y la limitada disponibilidad de recursos para atender necesidades clave del sector.
Estas condiciones ponen en duda la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad de implementar mejoras estructurales en el corto y mediano plazo.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre los tripulantes y miembros de la Fuerza Pública. La falta de aseguramiento podría generar vacíos en los mecanismos de compensación económica en caso de accidentes, lo que deja en evidencia debilidades en la protección del personal.
