Con cambios en contratos, facturación y portabilidad, el regulador ajusta las reglas del sector.
Noticias Colombia.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso en marcha nuevas disposiciones que buscan transformar la relación entre operadores y usuarios. A través de la Resolución 8171 de 2026, el regulador introdujo cambios enfocados en facilitar la cancelación de servicios, mejorar la claridad en la facturación y garantizar condiciones más equitativas en el mercado.
Según explicaron, estas medidas surgen tras un seguimiento al comportamiento reciente del sector, incluyendo procesos empresariales como la integración entre Tigo y Movistar, donde se identificaron riesgos y oportunidades para fortalecer la protección de los usuarios.
Uno de los cambios más relevantes apunta directamente a una de las mayores quejas de los usuarios: la dificultad para cancelar servicios. A partir de ahora, los operadores deberán habilitar un canal digital automático, exclusivo para este trámite, que permita hacerlo de forma ágil y sin pasos innecesarios.
La medida busca eliminar procesos extensos, llamadas prolongadas y barreras que dificultaban ejercer este derecho.
Facturas más claras para entender qué se está pagando
La nueva regulación también exige mayor transparencia en la facturación. En los planes que integren servicios fijos y móviles, cada componente deberá aparecer con su valor individual.
Esto permitirá a los usuarios identificar con precisión cuánto pagan por cada servicio, comparar ofertas en el mercado y tomar decisiones con información más clara.
La CRC también puso límites a ciertas prácticas comerciales. Los operadores con red móvil no podrán dirigir ofertas exclusivas a usuarios de operadores móviles virtuales o de empresas que no cuenten con paquetes similares.
Con esta medida se busca evitar ventajas desiguales y promover una competencia más transparente, en la que los usuarios tengan mayores opciones de elección.
Más tiempo para decidir al cambiar de operador
En cuanto a la portabilidad numérica, la resolución establece un plazo mínimo de 30 días calendario para que un usuario pueda regresar a su operador original después de haber hecho el cambio.
Este periodo pretende garantizar que las decisiones no estén influenciadas por presiones comerciales inmediatas y que el usuario pueda evaluar su experiencia con mayor criterio.
Estas disposiciones hacen parte de una primera fase de revisión del Régimen de Protección de Usuarios. La CRC anunció que en los próximos meses continuará ajustando la regulación para responder a los cambios del sector.
«Con esta decisión eliminamos barreras para cancelar servicios, exigimos mayor claridad en la facturación y establecemos reglas que previenen prácticas que puedan limitar la libre elección”, afirmó Felipe Díaz Suaza, Comisionado y Director Ejecutivo de la CRC.
