Migrante venezolana murió arrollada por trabajadores que habían estado más de 12 horas en su casa. No tenía familia en el país.
Noticia Internacional.
Mary Andreína Farías Torres, una mujer venezolana de 31 años y madre de cinco hijos, fue brutalmente asesinada el pasado 14 de mayo en el distrito de San Bartolo, Lima (Perú), tras reclamar a dos técnicos que habrían instalado un servicio de internet en su vivienda.
Los hombres, que portaban uniformes de la empresa Claro, la atropellaron con una camioneta y huyeron del lugar.
El crimen ha causado profunda indignación tanto en Perú como en Venezuela, y ha puesto en evidencia los vacíos en la supervisión de servicios técnicos a domicilio.
Andreína vivía sola en Perú desde hacía ocho años y trabajaba incansablemente para enviar dinero a sus hijos y a su madre, que permanecen en Venezuela.
No tenía familiares directos en el país andino, por lo que su entorno cercano estaba conformado por amistades y vecinos que han exigido justicia.
Su historia refleja la realidad de miles de mujeres migrantes que sostienen a sus familias desde el extranjero en condiciones de vulnerabilidad.
La tragedia ocurrió luego de que Farías Torres contratara el servicio de internet con Claro, cuyos técnicos –según cámaras de seguridad– permanecieron en su domicilio por más de 12 horas, desde las 9:00 a. m. hasta pasadas las 10:00 p. m. Minutos después de que los trabajadores abandonaran el lugar, la joven salió alterada, pidió ayuda a gritos y se dirigió directamente a los técnicos.
En su intento por detenerlos, se aferró al vehículo, pero fue embestida sin piedad.
El vehículo involucrado, una miniván con el logo de Claro y placas AHT-088, fue identificado por las autoridades, quienes emitieron una orden de captura.
Uno de los presuntos responsables fue identificado como Rubén Darío Cuevas Velásquez, de 31 años, oriundo de Arequipa. La Policía Nacional del Perú no descarta que se haya tratado de una agresión sexual seguida de homicidio.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú solicitó ampliar la investigación por presunto feminicidio y ha acompañado el proceso con su programa Warmi Ñan.
Aunque los familiares de Andreína están en Venezuela, el Estado ha prometido ofrecer contención a sus allegados en Perú. Diversas organizaciones civiles han exigido que el caso no quede impune.
Claro Perú reconoció que el servicio fue prestado por una empresa contratista, PC Telecom SAC, y aseguró estar colaborando con la justicia.
La empresa activó sus protocolos internos y presentó una denuncia penal. Sin embargo, la ciudadanía exige que se investigue a fondo la cadena de responsabilidad y se tomen medidas para garantizar la seguridad de los usuarios.
La muerte de Andreína ha encendido la indignación en redes sociales y medios de comunicación, donde se denuncia la impunidad que suelen enfrentar las mujeres migrantes víctimas de violencia.
La cuenta @vocifera.pe y otras plataformas han exigido justicia con contundencia, mientras crece el temor entre quienes deben abrir las puertas de sus casas para recibir servicios técnicos.
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