El informe sería contundente en el caso.

Noticias Caribe.

La muerte de la patrullera María Alejandra Guerrero Montiel, ocurrida el pasado 20 de junio tras caer del quinto piso de un edificio en Barranquilla, ha tomado un nuevo rumbo luego de que peritajes independientes y hallazgos forenses descartaran la hipótesis de un suicidio o accidente. Familiares y abogados de la joven, oriunda de La Guajira, aseguran que fue asesinada y que se trató de un feminicidio encubierto.

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Un informe técnico elaborado por un experto en análisis de trayectorias concluyó que el cuerpo de la patrullera no cayó en caída libre, como se esperaría si se hubiese lanzado por voluntad propia. Por el contrario, el ángulo de impacto y la posición final del cuerpo indican que fue empujada con fuerza desde el interior del apartamento. Según el perito, si se hubiese lanzado de espaldas, el cuerpo habría quedado suspendido en el balcón del piso inferior, lo cual no ocurrió.

Adicionalmente, una revisión médica practicada por Medicina Legal identificó una herida cortopunzante en la espalda y múltiples lesiones en los antebrazos que evidencian signos de defensa. Estas heridas, según expertos, no son compatibles con una caída accidental, sino con una posible agresión previa al momento de la muerte. La familia denuncia que estas pruebas fueron inicialmente omitidas por las autoridades que investigaban el caso.

La familia también ha señalado irregularidades en la investigación. Aseguran que el cuerpo fue inspeccionado tardíamente y que el apartamento desde el cual cayó la patrullera fue pintado y modificado antes de que se realizaran pruebas de traza biológica o recolección de evidencias. Solo cinco días después del hecho se retomaron diligencias en el lugar, cuando ya se habían perdido elementos clave.

Uno de los puntos más sensibles del caso es que la patrullera se encontraba en compañía del subintendente Andrés Alfonso Castro Gómez, con quien compartía turno esa noche. Aunque él fue el último en verla con vida, no ha sido vinculado formalmente a la investigación. La familia insiste en que no existía una relación sentimental entre ellos, desmintiendo versiones que sugerían un posible conflicto emocional como móvil del presunto suicidio.

Con estas nuevas revelaciones, la familia Guerrero Montiel exige que se reabra el caso bajo la línea investigativa de feminicidio y que se garantice transparencia en el proceso. “A Mary la mataron”, han repetido sus seres queridos en distintas declaraciones a medios, al tiempo que exigen justicia por una mujer que, dicen, fue víctima no solo de violencia, sino también de un sistema que le falló tras su muerte.

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