El proceso judicial por el asesinato de Juan José Correa, un vendedor de mazamorra de 17 años, enfrenta un momento decisivo. La defensa de su familia advierte que los hombres investigados por el crimen podrían quedar en libertad por vencimiento de términos, debido a que un recurso de apelación continúa pendiente de resolución.

El caso ocurrió en abril de 2025, cuando el adolescente les habría exigido el pago de $6.000 a tres personas que, según la información conocida, se negaban a cancelar el producto. La situación terminó con la muerte del menor y hoy sus familiares esperan que el proceso avance hacia una decisión judicial.

La apelación que mantiene en incertidumbre el proceso

Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, atribuyó la demora al Tribunal Superior de Cundinamarca, cuya Sala Penal debe resolver el recurso de apelación pendiente desde hace aproximadamente un año. Según el jurista, la decisión podría haberse adoptado en poco tiempo, pero su falta de resolución ha impedido que el proceso avance como corresponde.

Castellanos calificó la posibilidad de que los procesados recuperen la libertad como un nuevo golpe para la familia. En declaraciones a Noticias Caracol, manifestó que la situación representa una afectación tanto para la madre del adolescente como para quienes buscan justicia en su nombre.

La preocupación se centra en que el vencimiento de los términos procesales podría permitir la salida de los señalados de prisión sin que eso signifique una absolución o el cierre definitivo de la investigación.

La madre del adolescente cuestiona la respuesta de la justicia

La madre de Juan José expresó públicamente su inconformidad con la demora y aseguró sentirse decepcionada e impotente ante la posibilidad de que los investigados recuperen la libertad. También se refirió a la ausencia definitiva de su hijo y al contraste entre la posibilidad de que los señalados regresen con sus familias y el duelo que ella debe afrontar.

La defensa advierte sobre antecedentes y riesgo de fuga

El abogado de las víctimas señaló que, de acuerdo con la información que maneja la defensa, uno de los presuntos responsables tenía una orden de captura vigente cuando ocurrieron los hechos, en abril de 2025, y esta no se había hecho efectiva. Para Castellanos, ese antecedente constituye otro motivo de preocupación frente a la posibilidad de que los investigados salgan del centro carcelario.

El jurista manifestó, además, que las pruebas que menciona la defensa, entre ellas la necropsia y los testimonios recopilados, respaldarían una eventual condena superior a los 30 años de prisión. Sin embargo, la responsabilidad penal de los procesados debe ser determinada por las autoridades judiciales.

La familia pide una decisión pronta

Ante el riesgo que advierten, la representación de las víctimas solicitó al Tribunal Superior de Cundinamarca resolver cuanto antes la apelación pendiente, con el fin de evitar que la prolongación del trámite derive en la libertad de los procesados por vencimiento de términos.

Mientras esperan una respuesta, los familiares de Juan José insisten en que el caso avance y se esclarezcan las responsabilidades por la muerte del joven, ocurrida en medio de un reclamo por el pago de una venta de $6.000.