El mandatario plantea que solo el pueblo puede destrabar sus reformas.

Noticias Colombia.

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien decida sobre los puntos clave de sus reformas sociales.

Lo anunció este martes a través de su cuenta oficial en X, acompañado de un mensaje contundente: Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo son respondidos positivamente por el Congreso”.

El decreto fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión, pero el solo acto de firmarlo ya tiene implicaciones profundas para el país. No es un movimiento simbólico ni retórico: es una decisión que modifica el rumbo político, legal e institucional de Colombia.

¿Qué significa esto para los colombianos?

El presidente está apelando directamente al pueblo, en un país donde el sistema representativo —basado en el Congreso— es quien tradicionalmente debate y aprueba las leyes. Esta decisión rompe el equilibrio clásico entre poderes y plantea un nuevo modelo de participación, sin precedentes en la historia reciente. Lo que decida la Corte Constitucional será clave, pero en última instancia, la responsabilidad recaerá sobre los colombianos.

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La decisión genera divisiones inmediatas. Quienes apoyan al presidente la ven como un acto legítimo frente a un Congreso que, según ellos, bloquea el cambio. Otros la consideran un riesgo autoritario y un debilitamiento de las instituciones. La consulta puede movilizar al país o fracturarlo aún más. Mientras se define la legalidad del decreto y se convoca formalmente la consulta, aumentará la incertidumbre. Esto puede frenar decisiones en salud, educación, empleo e inversión. Los colombianos de a pie podrían enfrentar semanas —o meses— de confusión e inestabilidad.

¿Qué viene ahora?

La Corte Constitucional deberá revisar el decreto. Si lo avala, se iniciará un proceso para definir la fecha y la forma en que se desarrollará la consulta. Mientras tanto, el país entra en una fase de tensión jurídica, política y social.

Lo cierto es que la firma del decreto ya es un hecho histórico. Colombia está ante un escenario inédito: un presidente que desafía al poder legislativo para consultar directamente al pueblo. Una apuesta arriesgada que puede reforzar la democracia o sacudir sus bases.

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