El presidente Abelardo De La Espriella firmó este martes 8 de septiembre el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, una decisión que modifica la medida que había restringido de manera general estas autorizaciones durante 2026.
El anuncio fue realizado por el propio mandatario, quien defendió el cambio al considerar que durante años se ha limitado el porte legal de armas mientras las organizaciones criminales continúan accediendo a armamento de manera ilegal.
Sin embargo, la medida no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma libremente. De acuerdo con la explicación entregada por el Gobierno, continúan vigentes los requisitos, controles y permisos establecidos por las autoridades competentes.
¿Qué cambia con la decisión?
Durante 2026 estaba vigente una suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional, medida prorrogada hasta el 31 de diciembre mediante el Decreto 1482 de 2025.Con la nueva decisión, esa suspensión general deja de operar y se permite nuevamente que los ciudadanos que cumplan las condiciones establecidas puedan acceder a los permisos correspondientes.Esto implica una diferencia importante: el levantamiento de la suspensión no equivale a eliminar el sistema de autorización para portar armas.El porte continúa sometido a requisitos legales y a la decisión de las autoridades competentes. Por ello, ser propietario de un arma o tenerla registrada no significa automáticamente estar autorizado para llevarla consigo en espacios públicos.
El Gobierno reportó 15.700 armas incautadas
Como parte de los argumentos para sustentar la decisión, De La Espriella presentó cifras sobre las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública durante los primeros meses de su administración.
Según los datos divulgados por el presidente, entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre de 2026 fueron incautadas 15.700 armas de fuego.
De ese total, 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos, de acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario.
En su pronunciamiento, De La Espriella cuestionó que durante años se haya restringido al ciudadano que cumple la ley mientras, según su argumento, los grupos criminales han mantenido acceso a armas ilegales.
El mandatario sostuvo que su Gobierno garantizará dentro del marco legal las posibilidades para quienes cumplan los requisitos, mientras que las autoridades deberán concentrar sus esfuerzos en combatir el armamento ilegal.
La posición coincide con una propuesta que De La Espriella ya había defendido antes de asumir la Presidencia, cuando planteaba permitir el porte legal de armas bajo condiciones y controles estrictos.
El porte legal seguirá teniendo restricciones
Uno de los aspectos centrales de la medida es que Colombia no pasa a un esquema de porte libre de armas.
El Gobierno ha insistido en que se mantienen los controles y requisitos previstos en la legislación. La autorización continúa siendo necesaria para portar legalmente un arma y las autoridades conservan las facultades para establecer las condiciones correspondientes.
Por esta razón, el cambio debe entenderse como el levantamiento de una suspensión general, y no como una autorización automática para que cualquier ciudadano pueda portar armas de fuego.
La decisión abre nuevamente la posibilidad de acceder a permisos de porte bajo las condiciones previstas por la ley y marca un giro en la política que había mantenido suspendidas de manera general estas autorizaciones durante 2026.
