El régimen de Talibán aprueba un código penal que legitima la violencia doméstica y castiga con más severidad gestos cotidianos que no causan daño a nadie.
Noticias Internacional.
El régimen de los Talibanes aprobó un nuevo Código Penal que ha desatado una ola de indignación y alarma en la comunidad internacional, al formalizar normas que, según expertos, institucionalizan la violencia contra las mujeres y consolidan un sistema judicial desigual por estatus social. Organizaciones de derechos humanos señalan que la reforma representa un retroceso profundo en materia de igualdad y justicia para las mujeres afganas.
Uno de los artículos más controvertidos es el Art. 32, que permite que un esposo golpee a su esposa siempre que no queden marcas visibles en su cuerpo. Solo cuando haya fracturas, heridas abiertas o moretones evidentes —y siempre que la mujer pueda probarlo ante un tribunal— se contempla una sanción mínima: hasta 15 días de prisión para el agresor. Para muchas activistas, esta disposición no solo minimiza la violencia doméstica, sino que envía un mensaje de tolerancia frente al abuso físico.
La angustia aumenta al contrastar esta norma con otras del propio texto. Por ejemplo, actos consensuados entre adultos no emparentados pueden ser penalizados con hasta un año de cárcel, mientras que castigos por agresión contra animales reciben sanciones más altas que las penas por violencia grave contra una mujer. Este contraste ha llevado a grupos defensores de derechos humanos a afirmar que el código “protege más a los animales que a las mujeres”.
El Art. 34 añade otra capa de control y opresión: restringe severamente la movilidad de las mujeres casadas. Permanecer en la casa de la familia de origen sin el permiso explícito del marido o sin una justificación basada en la interpretación de la sharía puede significar hasta tres meses de prisión. Además, los familiares que no devuelvan a la mujer al “hogar conyugal” también pueden enfrentar castigos, eliminando así cualquier opción segura de refugio para aquellas que sufren violencia doméstica.
La desproporción de este código queda aún más clara con la jerarquía legal que establece el propio régimen: clérigos y élites quedan expuestos a sanciones leves, como advertencias, mientras que las clases bajas enfrentan penas físicas y de cárcel por delitos equivalentes. Activistas advierten que este marco no solo niega justicia a las mujeres, sino que profundiza las barreras para denunciar abusos y acceder a protección real.
Desde que los talibanes reinstauraron su gobierno en 2021, las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de la educación secundaria y superior, de muchos empleos y del espacio público en general. Esta nueva legislación es vista por defensores de derechos humanos como un paso más en la erosión de sus derechos civiles, un golpe duro que convierte en norma la violencia y perpetúa la desigualdad estructural en Afganistán.
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