El traguito se amarga: brindar saldrá caro; el aguardiente de $75.000 pondría en jaque las rentas del Valle

El Gobierno sube el impuesto, el precio se dispara y el Valle teme perder millones en inversión social.

Noticias Valle del Cauca.

El aguardiente, el ron y el whisky que hoy se compran sin tanto remordimiento podrían convertirse pronto en un lujo. Un nuevo impuesto al consumo de licores, aprobado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1474, amenaza con disparar los precios en los estantes y cambiarle el sabor al tradicional “traguito” de los colombianos.

En el Valle del Cauca, las cuentas no cuadran. Según proyecciones oficiales, una botella que hoy cuesta entre 39 mil y 42 mil pesos podría pasar a valer entre 68 mil y 75 mil pesos.

Un salto que no solo golpea el bolsillo del consumidor, sino que prende las alarmas por el impacto que tendría en las rentas departamentales que financian salud, educación y deporte.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, advirtió que el aumento puede terminar siendo un tiro por la culata.

A su juicio, encarecer los licores legales empuja a muchos consumidores hacia el contrabando y los productos adulterados, un negocio que crece justo cuando el licor formal se vuelve impagable para buena parte de la población.

“Si el precio se duplica, lo lógico es que aumente el contrabando. Eso significa menos ingresos para el departamento y menos recursos para derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte”, alertó la mandataria, al advertir que el remedio podría salir más caro que la enfermedad.

Desde la Industria de Licores del Valle (ILV) el diagnóstico es igual de crudo. Su gerente, José Moreno, explicó que el nuevo impuesto representaría un incremento cercano a los 30 mil pesos por botella de aguardiente, una cifra que sacaría del juego al licor legal frente a opciones ilegales más baratas.

“El panorama es muy preocupante. No solo para las finanzas del departamento, sino para la sostenibilidad de las licoreras oficiales”, señaló Moreno, quien advirtió que la medida llega en un momento complejo, marcado por la apertura de fronteras y el aumento de los costos operativos.

El temor no es menor: menos ventas legales significan menos ingresos para el Estado y más espacio para redes ilegales que ya han demostrado ser rápidas para aprovechar cualquier vacío.

Por eso, las licoreras oficiales del país cerraron filas y respaldan a los gobernadores que hoy cuestionan el impacto real de la medida.