Desde el 20 de agosto, algunas visas de turismo y negocios requerirán depósitos de hasta $15 mil.

Estados Unidos implementará, desde el próximo 20 de agosto de 2025, un nuevo programa piloto que exige a ciertos solicitantes de visas de turismo (B-2) y negocios (B-1) el pago de una fianza reembolsable de hasta 15 mil dólares.

Esta medida busca reducir el número de personas que permanecen en el país por fuera del tiempo permitido por su visa, un fenómeno que ha sido motivo de preocupación recurrente para el gobierno estadounidense.

Aunque todavía no se ha publicado la lista de los países incluidos, la pregunta es inevitable: ¿estará Colombia entre ellos?

El programa, denominado Visa Bond Pilot Program, fue anunciado oficialmente por el Departamento de Estado el 5 de agosto, con su publicación en el Federal Register.

De acuerdo con información de NAFSA, la Asociación de Educadores Internacionales, la medida no cambia los criterios para aprobar una visa, pero sí autoriza a los cónsules a exigir una fianza de 5.000, 10.000 o hasta 15.000 dólares a personas provenientes de países con altos índices de sobreestadía.

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El dinero será reembolsado si el solicitante cumple con salir del país dentro del periodo legal o si tramita adecuadamente una extensión o cambio de estatus migratorio.

Según explicó el bufete internacional Fragomen, especializado en asuntos migratorios, esta política aplica exclusivamente para las visas B-1 y B-2, es decir, aquellas destinadas a viajes por negocios o por turismo.

No incluye visas de estudio, trabajo, residencia o reunificación familiar. El pago de la fianza dependerá del criterio de los oficiales consulares en cada caso, pero estará dirigido a quienes pertenezcan a países que históricamente presentan tasas elevadas de violaciones al tiempo de permanencia autorizado.

¿A quién apunta la medida?

Medios internacionales como The Guardian y CBS News han advertido que esta medida apunta especialmente a ciudadanos de naciones como Nigeria, Haití, India, Chad o Venezuela, que aparecen entre los países con mayores niveles de sobreestadía según registros del Departamento de Seguridad Nacional.

En ese contexto, la inquietud se extiende hacia América Latina, donde algunos países podrían ser considerados en la lista final. Colombia, aunque no aparece entre los más señalados, no ha sido descartada.

Por ahora, Colombia no figura oficialmente en la lista de países afectados. Sin embargo, fuentes consultadas como la misma NAFSA han indicado que el Departamento de Estado publicará la relación completa de países seleccionados al menos 15 días antes del inicio del programa, lo que significa que esa información se conocerá entre el 5 y el 20 de agosto. Hasta entonces, la incertidumbre sobre la posible inclusión del país permanece abierta.

Aunque la implementación del programa es temporal —estará en vigor por un año—, organizaciones migratorias han señalado que esta podría ser la antesala de nuevas políticas más restrictivas.

La NAFSA, por ejemplo, advierte que una medida como esta podría convertirse en una barrera económica significativa para ciudadanos de países en desarrollo, limitando el acceso a viajes legítimos por turismo o negocios, incluso en casos donde no existan antecedentes migratorios problemáticos.

De hecho, medios como AS USA y Daily Beast han recordado que propuestas similares fueron impulsadas por la administración Trump en 2020, pero no llegaron a aplicarse plenamente.

Ahora, bajo la nueva coyuntura migratoria, Estados Unidos retoma la estrategia con una versión más acotada, de tipo experimental.

El cronograma es claro: el 5 de agosto se oficializó la política en el Federal Register, el 20 de agosto entra en vigencia, y antes de esa fecha se conocerá quiénes estarán incluidos.

Por ahora, Colombia se encuentra en un limbo informativo. Mientras tanto, se recomienda a quienes planean viajar a Estados Unidos por turismo o negocios en los próximos meses que consulten los canales oficiales, como el sitio web travel.state.gov, donde se publicarán las actualizaciones correspondientes.

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