Las quejas por fallas en el suministro de fármacos y servicios de salud aumentaron un 75% en dos años.
Noticias Colombia.
La crisis en el sistema de salud colombiano se agrava, según datos de la Defensoría del Pueblo. En los últimos dos años, las quejas por fallas en la atención especializada pasaron de 4.200 en 2022 a 9.300 en 2024, mientras que los reclamos por falta de acceso a servicios básicos aumentaron de 4.600 a 7.700.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió en entrevista con Mañanas Blu que gran parte de las denuncias se relacionan con la falta de medicamentos, un problema que, según ella, no se debe a la escasez, sino a una mala distribución.
“La crisis de disponibilidad de medicamentos es inadmisible”, sentenció.
Responsabilidades compartidas en la crisis
Uno de los puntos clave en el debate es la responsabilidad del Gobierno y del sector privado en la situación actual. Marín enfatizó que el Estado, como regulador del sistema, tiene un papel fundamental, pero también se debe analizar hasta dónde llega la responsabilidad de las entidades privadas.
Pese a que el presupuesto para salud en 2024 asciende a $99,6 billones, la Defensora alertó sobre una brecha financiera entre los giros a las entidades prestadoras y los recursos necesarios para garantizar la atención.
“No estamos ante una desfinanciación total, pero los recursos no se están distribuyendo de manera eficiente”, afirmó. Siga leyendo: Supersalud revela el hallazgo de medicamentos en bodega de Audifarma que figuraban como «pendientes» en las órdenes de pacientes
El mecanismo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que financia la prestación de servicios, es insuficiente, según ha determinado la Corte Constitucional.
La Defensora indicó que, aunque los giros a prestadores y farmacéuticas puedan ser limitados, esto no justifica la crisis de disponibilidad de medicamentos.
“Lo inadmisible es que la gente no reciba los medicamentos mientras se debate sobre financiamiento. No es un problema de producción o escasez, sino de acceso”, denunció.
Para enfrentar esta incertidumbre, propuso la creación de un organismo independiente que evalúe la sostenibilidad del sistema, en lugar de dejar esta decisión en manos exclusivas del Ministerio de Hacienda.
“Un ente imparcial debe analizar la financiación para evitar dudas sobre si la plata alcanza o no”, sugirió.
Reforma a la salud: transición con garantías
Sobre la reforma a la salud en discusión en el Congreso, Marín reconoció su necesidad, pero advirtió que debe implementarse con un plan de transición estructurado para evitar afectaciones a los pacientes.
Un punto crítico es la capacidad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para asumir la gestión de pagos si las Entidades Promotoras de Salud (EPS) desaparecen.
La Defensora enfatizó la necesidad de estudios técnicos previos para evitar una crisis mayor en la prestación del servicio.
“Si la reforma necesita varios años para aplicarse correctamente, que así sea, pero con estudios sólidos que brinden garantías a los ciudadanos”, concluyó.
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