Gasolina escondida en un coche de bebé fue utilizada para iniciar el fuego que provocó la tragedia en Gamarra, Cesar.

Noticias Colombia.

Un hecho de violencia electoral que estremeció al país en octubre de 2023 acaba de recibir su capítulo final en la justicia. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la condena a 60 años de prisión para Yuberlis Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, responsables del ataque incendiario a la sede de la Registraduría municipal de Gamarra, en el departamento del Cesar.

En Gamarra: quemaron a una funcionaria de la Registraduría, votaron y no ganó ningún candidato

Según los hallazgos judiciales, el 28 de octubre de 2023, en medio de una protesta por una decisión electoral que perjudicaba a un candidato específico, un grupo de ciudadanos ingresó violentamente a las instalaciones de la Registraduría. Allí agredieron a los funcionarios presentes, incendiaron la edificación y causaron la muerte de una servidora pública, además de dejar a seis personas con graves quemaduras.

Las investigaciones, lideradas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial de la Fiscalía, revelaron el modo en que los implicados prepararon el ataque.

“Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible, que fue rociado y usado para incendiar el inmueble. Esta acción ocasionó la muerte a una servidora y generó quemaduras de gravedad a otras seis personas”, indicó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado oficial.

Delitos que recibieron la pena máxima

Los tres acusados fueron declarados responsables de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada e incendio.

Aunque la primera sentencia fue emitida en mayo de este año por una juez penal especializada de Valledupar, la decisión fue apelada, pero ahora el Tribunal Superior del Cesar ratificó el fallo en segunda instancia, dejando en firme la pena máxima contemplada por la ley penal colombiana: 60 años de cárcel.

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