El choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, dejó 69 personas fallecidas y alrededor de 200 heridas, según el balance difundido el jueves 29 de octubre por las autoridades regionales de Castilla-La Mancha.
El accidente involucró un AVE que transportaba a 378 pasajeros y un tren Iryo con 147 ocupantes. Cerca de 50 personas permanecían hospitalizadas según los reportes de ese día, mientras los equipos correspondientes avanzaban en la identificación de las víctimas.
Las comunicaciones previas al choque
Las grabaciones difundidas por medios españoles recogen comunicaciones sobre problemas en el sistema de seguridad LZB y las indicaciones dadas desde el centro de control para continuar la circulación. El maquinista del AVE informó de una incidencia en la transmisión del sistema y recibió instrucciones para desconectarlo, volver a conectarlo y reanudar la marcha.
En otra comunicación, la conductora del tren Iryo informó de dificultades que le impedían continuar con normalidad y señaló que permanecía detenida en las inmediaciones de Urda. El Ministerio de Transportes ha señalado que la reanudación de la marcha sin la limitación de velocidad correspondiente habría tenido relevancia en el accidente.
El rechazo de CSIF a la divulgación de los audios
La difusión de las grabaciones generó una reacción del sindicato CSIF, que considera improcedente exponer públicamente las comunicaciones de los trabajadores mientras se esclarecen las circunstancias del accidente. El maquinista fallecido fue identificado como Antonio Acedo, vecino de Móstoles.
Injuriante, una infamia.
El dirigente sostuvo que la difusión de esos mensajes no debe servir para concentrar toda la atención en la conducta del trabajador, sin examinar las condiciones en las que desempeñaba su labor y las instrucciones que recibió.
Cuestionamientos a la gestión de la red ferroviaria
CSIF señaló posibles deficiencias de mantenimiento, problemas en los sistemas de protección y dificultades en la gestión del personal encargado de supervisar la circulación. Poves vinculó el caso con el accidente de Adamuz, en Córdoba, ocurrido el 18 de enero, que según sus declaraciones dejó 46 muertos.
A partir de estos argumentos, el sindicato pidió la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que la responsabilidad política debe formar parte del debate sobre la seguridad ferroviaria. Esta es una exigencia sindical; la determinación de las causas del accidente y las eventuales responsabilidades corresponde a las investigaciones pertinentes.
La presión sobre los controladores
Poves advirtió que los centros de control requieren trabajadores capaces de responder a incidencias complejas bajo presión. Según su denuncia, la carga de responsabilidad, unida a las dificultades de gestión de las plantillas, favorece la rotación de personal hacia otros puestos, lo que según CSIF puede afectar la continuidad de la experiencia en cargos de mayor especialización.
Sobre los pasajeros colombianos, Poves manifestó que, de acuerdo con la información que manejaba, ninguno figuraba entre los fallecidos. Este dato corresponde al portavoz y debe contrastarse con los balances oficiales.
La reconstrucción completa de lo ocurrido dependerá de las pruebas técnicas, los registros de circulación y el examen de los protocolos aplicables. Con 69 personas fallecidas y numerosos heridos, el esclarecimiento de las causas será determinante para las familias afectadas y para las medidas de seguridad que deban revisarse en la red ferroviaria española.
