La puesta en marcha del Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO), conformada por Cali, Jamundí y Puerto Tejada, abrió una discusión sobre el manejo de los recursos ambientales y las inversiones que necesita el Valle del Cauca. Mientras concejales de Cali defienden la búsqueda de financiación para atender problemas regionales, 38 alcaldes del departamento piden revisar la decisión antes de que la entidad comience a funcionar en 2027.
De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), los mandatarios que rechazan las implicaciones de este esquema expresaron su preocupación por los posibles efectos en los proyectos ambientales y sociales que actualmente reciben acompañamiento de esa entidad.
Los alcaldes consideran que la implementación de la AMSO podría tener consecuencias para las inversiones en los municipios que no hacen parte de ella, especialmente en aquellos con menos recursos para financiar iniciativas de conservación y desarrollo territorial. Por eso, solicitaron que se evalúe el impacto antes de avanzar con la fecha prevista.
En contraste, concejales de Cali señalaron que la nueva área metropolitana necesita recursos para responder a las necesidades de sus tres integrantes y que la discusión no debería concentrarse únicamente en el componente ambiental.
Concejales defienden otras fuentes de financiación para la AMSO
El concejal Rodrigo Salazar Sarmiento explicó que uno de los puntos de controversia es la destinación de la sobretasa ambiental recaudada en Cali mediante el Impuesto Predial Unificado (IPU). Según indicó, la CVC ha cuestionado las competencias de la AMSO frente al manejo de estos recursos.
Salazar recordó que Cali también transfiere a la autoridad ambiental recursos recaudados en su zona rural. Por eso, considera que las diferencias entre las dos instituciones no deberían impedir que la nueva área metropolitana reciba financiación para desarrollar sus funciones.
“Por tanto, no se debe frenar lo que debe entregarse a la AMSO, una institucionalidad que complementará esos esfuerzos ambientales que adelanta la CVC”, manifestó el concejal.
El cabildante también llamó a discutir el tema con una visión regional y sin trasladar la controversia únicamente a las redes sociales. De acuerdo con sus declaraciones, los $158.000 millones que podrían destinarse a fortalecer la protección ambiental de Cali permitirían financiar obras y recuperar espacios naturales de la ciudad.
Entre los proyectos que mencionó están la terminación de los ecoparques Cristo Rey, Parque Pacífico y Corazón de Pance, además de la creación de un parque en Cañaveralejo, en la calle 50, y otro parque metropolitano frente a la Terminal de Aguablanca.
Salazar agregó que esos recursos también podrían contribuir a la recuperación de parte de los siete ríos de Cali, incluido el río Cali, y a la reforestación de los cerros tutelares. En su opinión, la CVC y la AMSO deben trabajar de manera articulada, de acuerdo con las competencias que establece la ley.
Por su parte, la concejal Alexandra Hernández Cedeño recordó que la iniciativa metropolitana surgió para coordinar esfuerzos entre municipios y atender necesidades compartidas en movilidad, salud, seguridad y medio ambiente.
Hernández señaló que, aunque cinco municipios votaron en contra de la propuesta y solo tres la respaldaron, Cali, Jamundí y Puerto Tejada cuentan con el respaldo ciudadano necesario para avanzar con el esquema. “Si bien esos municipios no son mayoría, hoy tienen una legalidad que se debe respetar”, afirmó.
La concejal también indicó que, según lo planteado en la discusión, la sobretasa ambiental pasaría del 1,5 % al 2 %. Sin embargo, insistió en que la AMSO debe buscar otras fuentes de financiación para responder a las necesidades de sus integrantes, incluidas las inversiones en seguridad.
La preocupación de los alcaldes por los proyectos ambientales del Valle
La postura de los concejales contrasta con la solicitud presentada por 38 alcaldes del departamento, quienes pidieron que el Área Metropolitana del Suroccidente no entre en funcionamiento durante la vigencia de 2027.
Según informó la CVC, los mandatarios participaron en una sesión extraordinaria virtual convocada por la Gobernación del Valle del Cauca y la autoridad ambiental. Durante el encuentro, expusieron ante el director de la corporación sus inquietudes sobre las consecuencias que podría tener la implementación de la AMSO.
Los alcaldes señalaron que una de sus principales preocupaciones es la continuidad de los proyectos ambientales y sociales que cuentan con el acompañamiento de la CVC, en especial aquellos que benefician a municipios con menor capacidad de inversión.
De acuerdo con la información entregada por la corporación, al finalizar la reunión los mandatarios firmaron una carta dirigida al alcalde de Cali en la que solicitaron revisar de manera urgente la entrada en funcionamiento de la nueva área metropolitana.
En el documento, los firmantes advirtieron que la AMSO tendría jurisdicción en dos de los 42 municipios del Valle del Cauca y expresaron su inquietud por las posibles repercusiones sobre la inversión ambiental y territorial en el resto del departamento.
Los mandatarios también recordaron que la CVC se encuentra en el último año de ejecución de su Plan de Acción, que contempla compromisos de inversión para todo el Valle del Cauca. Según señalaron, ese instrumento fue construido y aprobado con la participación de los alcaldes municipales, incluidos los de Cali y Jamundí.
Por ello, pidieron que antes de implementar el nuevo esquema se analicen sus efectos sobre los recursos destinados a la conservación de los ecosistemas, la autonomía territorial y los proyectos que ya están en marcha.
A esta discusión se suma otro asunto pendiente: Hernández Cedeño señaló que todavía debe definirse quién ejercerá la autoridad ambiental en el marco de la AMSO. La concejal insistió en que el proceso debe contemplar una agenda común que incluya planificación y ejecución responsable para los tres municipios.
Por ahora, las posiciones reflejan dos preocupaciones distintas: la necesidad de que Cali, Jamundí y Puerto Tejada cuenten con recursos para atender problemas compartidos y el temor de otros municipios del Valle a que se afecten las inversiones ambientales que reciben. La solicitud de los 38 alcaldes busca que esas consecuencias se revisen antes de la entrada en funcionamiento prevista para 2027.