Las brechas indígenas en México siguen marcando la vida de millones de personas, con desigualdades en acceso a derechos, información, conectividad y participación política que persisten pese a los avances institucionales.
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México alberga la mayor población indígena del continente americano, pero también arrastra una de las deudas más profundas en materia de acceso a derechos, información y participación política. Aunque cerca del 21 % de la población pertenece a pueblos originarios, una cifra que puede llegar hasta el 30 % si se considera la autoadscripción, las condiciones de vida de estas comunidades siguen marcadas por la exclusión.
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La radiografía es clara. Estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero concentran buena parte de la población indígena y, al mismo tiempo, figuran entre las regiones con mayores niveles de pobreza. Esta coincidencia refleja una relación persistente entre origen étnico y desigualdad estructural.
“La omisión estatal ha sido un factor determinante en la reproducción de estas desigualdades”, explicó la socióloga Irene Álvarez, quien ha estudiado durante años la situación de estas comunidades. Según advierte, las brechas no se limitan a ingresos o infraestructura, sino que también afectan el acceso a información, servicios básicos y oportunidades.
Brechas indígenas en México: desigualdad estructural que no se reduce
Uno de los puntos más críticos es la conectividad. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se impulsaron iniciativas para ampliar el acceso a internet en todo el país. Sin embargo, informes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y organizaciones como Artículo 19 coinciden en que las zonas rurales e indígenas siguen enfrentando una cobertura limitada.
Esta brecha tecnológica tiene efectos que van más allá de la comunicación. En regiones aisladas, la falta de conectividad ha sido aprovechada por estructuras criminales. En la sierra de Guerrero, entre 2019 y 2020, grupos ilegales llegaron a ofrecer servicios de telecomunicaciones a precios elevados, según reportes y testimonios recogidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El problema no se limita al negocio ilegal. “En momentos clave, estos grupos podían restringir las comunicaciones, impidiendo que las comunidades pidieran ayuda o denunciaran situaciones de riesgo”, documentó la entidad en sus informes.
A medida que el país avanza hacia la digitalización de servicios públicos, nuevas barreras emergen. En muchas comunidades indígenas, la falta de acceso a internet y de alfabetización digital ha dado paso a la aparición de intermediarios conocidos como gestores.
“Estas figuras cobran por realizar trámites que en otros contextos son gratuitos”, explicó Álvarez. El fenómeno ha sido advertido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que señala que la digitalización sin inclusión puede terminar ampliando las desigualdades.
Diversidad cultural y políticas insuficientes
México reconoce oficialmente 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua y variantes. Para especialistas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, esta diversidad exige políticas diferenciadas. “Las soluciones homogéneas no funcionan en contextos culturalmente diversos”, ha insistido su director, Adelfo Regino Montes.
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En el plano político, el país ha dado algunos pasos. El Instituto Nacional Electoral ha impulsado procesos de redistritación que reconocen distritos indígenas, definidos como aquellos donde al menos el 40 % de la población se identifica como originaria. Entre 2021 y 2023, el número de estos distritos pasó de 28 a 44.
Sin embargo, estos avances conviven con obstáculos estructurales. Uno de los más evidentes es el analfabetismo. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que cerca del 19 % de la población indígena no sabe leer ni escribir, frente al 2,5 % de la población no indígena.
Usurpación de candidaturas indígenas
A esto se suma un fenómeno que ha generado controversia. La usurpación de candidaturas indígenas. Organizaciones como México Evalúa han documentado casos en los que aspirantes se autodefinen como indígenas sin pertenecer a estas comunidades, con el fin de cumplir cuotas electorales.
“Existe una falta de mecanismos efectivos de verificación y sanción”, advierte un informe de esa organización, que alerta sobre el riesgo de que estas prácticas desvirtúen los avances en representación política.
Pese a los esfuerzos institucionales y a algunos avances en reconocimiento, las brechas siguen siendo profundas. La falta de acceso a servicios, infraestructura y herramientas básicas continúa limitando el desarrollo de los pueblos indígenas y su capacidad para ejercer plenamente sus derechos.
“Sin una política integral que combine inclusión digital, educación, seguridad y reconocimiento cultural, cualquier avance será parcial”, concluyó la socióloga Irene Álvarez. “La deuda con los pueblos indígenas no es solo histórica, es vigente”.
