Las llamadas que salen de las cárceles y terminan en amenazas, extorsiones y otros delitos están en la mira de las autoridades. En Colombia, los controles sobre las comunicaciones ilegales dentro de los establecimientos penitenciarios dejaron un aumento en el número de líneas telefónicas y celulares bloqueados durante septiembre y octubre de 2026.

El balance, presentado por la ministra TIC, Alexandra Falla, muestra que los tres principales operadores reportaron incrementos en los bloqueos. Tigo pasó de 240 a 473 líneas restringidas, Claro de 303 a 408 y WOM de 50 a 93 durante ese periodo.

La medida también se reflejó en los dispositivos móviles identificados mediante su código IMEI. En este caso, Tigo pasó de 211 a 251 equipos bloqueados, Claro aumentó de 229 a 346 y WOM pasó de 98 a 141, según las cifras entregadas por el Gobierno Nacional.

Las medidas buscan impedir que las cárceles sigan siendo utilizadas para cometer delitos

La ministra TIC aseguró que los resultados representan avances, aunque advirtió que los controles deben mantenerse. «Las cárceles no pueden seguir siendo utilizadas para coordinar extorsiones, amenazas y otras actividades criminales», señaló Alexandra Falla al presentar el balance.

De acuerdo con la funcionaria, el aumento de los bloqueos responde al trabajo técnico adelantado con el Ministerio de Justicia, las autoridades competentes y las empresas de telecomunicaciones. También se solicitaron ajustes en las redes de los operadores para reducir la potencia de las señales al interior de los establecimientos penitenciarios.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, destacó que cada línea o dispositivo bloqueado representa una herramienta menos para las organizaciones criminales. «Cada línea o dispositivo utilizado para facilitar actividades delictivas que logramos bloquear representa una herramienta menos al servicio de la criminalidad», afirmó.

Anuncian nuevo protocolo para atender denuncias desde las cárceles

A los bloqueos se sumará un nuevo protocolo que el Ministerio TIC está preparando con participación de la Agencia Nacional del Espectro (ANE). La iniciativa contempla un grupo de atención prioritaria para agilizar las verificaciones técnicas en las cárceles, reducir los tiempos de respuesta ante denuncias y facilitar la coordinación entre las entidades encargadas.

Por su parte, Cancino anunció que el Ministerio de Justicia continuará trabajando con el INPEC y otras autoridades para reforzar los controles dentro de las prisiones, evitar el ingreso y uso de celulares no autorizados y dificultar que las estructuras delincuenciales coordinen actividades desde estos lugares.

Estas acciones se encuentran respaldadas por los decretos 1069 de 2015 y 694 de 2018, además de la Resolución 2774 de 2013, que establecen disposiciones para controlar las comunicaciones, bloquear dispositivos mediante su identificación IMEI y utilizar inhibidores de señales. Los dos ministerios anunciaron que mantendrán el trabajo conjunto con los operadores para fortalecer estas medidas en las cárceles del país.