Casi un año después del estallido que conmovió a la ciudad, la tragedia continúa para la familia de Juan Diego Martínez, víctima fatal del ataque terrorista.

Noticias Cali.

El 21 de agosto de 2025 quedó marcado como un día de luto en la memoria de Cali. La detonación de un camión cargado con explosivos en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez no solo sacudió las estructuras de la zona, sino que fragmentó para siempre la vida de la familia Martínez Echeverry.

En el trágico hecho falleció Juan Diego Martínez, un joven emprendedor de 17 años y aprendiz del SENA, mientras que su madre, María Elena Echeverry, sobrevivió al estallido pero sufrió heridas de extrema gravedad que resultaron en la pérdida de su rodilla, dejándola con una discapacidad física permanente.

A casi un año del suceso, la tragedia de María Elena está lejos de terminar. Su calvario médico diario y el olvido por parte de las instituciones se han convertido en una segunda condena para una familia que se declara totalmente desamparada por el Estado colombiano.

Un sistema de salud que prolonga la tragedia

A las dolorosas secuelas físicas de haber perdido una de sus extremidades, a María Elena se le suma un obstáculo administrativo que parece insuperable: la deficiente atención médica. La familia denuncia que la EPS S.O.S. no cuenta con convenios vigentes con clínicas de alta complejidad en Cali, lo que ha paralizado por completo los tratamientos y cirugías especializadas que requiere su pierna para continuar con el proceso de recuperación.

El abandono médico es también emocional. A pesar del profundo trauma psicológico de haber presenciado el atentado y haber perdido a su hijo, María Elena no ha recibido una sola cita de psicología o psiquiatría por parte de su entidad prestadora de salud. Mientras tanto, el proceso de reconocimiento legal sigue estancado: al no estar concluido su tratamiento debido a las constantes demoras médicas, el Estado no la ha calificado con pérdida de capacidad laboral ni declaratoria de invalidez, lo que bloquea directamente su acceso a indemnizaciones dignas o a una pensión de sobreviviente.

Abandono estatal e indolencia administrativa

La denuncia de la familia Martínez Echeverry apunta directamente al corazón de las instituciones gubernamentales. Según su relato, la ayuda institucional ha sido prácticamente nula.

La Unidad de Víctimas se ha limitado a entregar únicamente tres mercados de alimentos y aseo en casi un año, un gesto que la familia considera una ofensa frente a la magnitud de su pérdida. Por su parte, el acompañamiento de la Alcaldía de Cali y de la Gobernación del Valle del Cauca ha sido inexistente.

Para la familia, uno de los símbolos más dolorosos de esta indolencia fue el destino de la motocicleta en la que se movilizaban madre e hijo el día del atentado.

Aunque el vehículo quedó en buen estado tras la explosión, las autoridades de tránsito la trasladaron a un lote abandonado y sin seguridad detrás del barrio El Vallado, donde fue dejada a la intemperie junto a otros escombros del atentado, lo que derivó en la pérdida total de este bien de trabajo familiar.