El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso a consideración de la ciudadanía un proyecto de decreto que modificaría y adicionaría disposiciones del Decreto 003 de 2021, norma que establece el protocolo para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y pacíficas en Colombia.
El borrador fue publicado por el Ministerio del Interior el 28 de septiembre y propone actualizar las reglas sobre prevención, diálogo, mediación y actuación policial. El documento todavía no es una norma vigente y permanecerá abierto a comentarios hasta el 4 de octubre.
Intervención inmediata ante hechos violentos
Uno de los principales cambios está relacionado con la intervención frente a hechos violentos. La propuesta mantiene el diálogo y la mediación como herramientas principales, pero establece que esa prioridad no impediría que las autoridades actúen de manera inmediata contra quienes estén cometiendo actos violentos durante una manifestación.
El proyecto también define circunstancias que permitirían considerar agotada la etapa de diálogo, entre ellas el uso de armas o explosivos, la obstrucción de misiones médicas, el desabastecimiento de productos básicos, las agresiones contra funcionarios o periodistas y la destrucción de infraestructura.
A partir de estas situaciones, el borrador plantea cinco niveles de actuación: facilitación y gestión preventiva; diálogo directo; mediación y articulación institucional; disuasión; y restablecimiento del orden mediante la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
El principio de "equilibrio constitucional"
El proyecto incorpora el concepto de "equilibrio constitucional", según el cual el derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica debe garantizarse junto con la protección de otros derechos y bienes constitucionales, entre ellos la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación y la prestación de servicios públicos esenciales.
El borrador también plantea garantizar corredores para ambulancias y vehículos de emergencia, e identificar previamente infraestructura que requiera protección especial.
Nuevas obligaciones de seguimiento
El documento incluye nuevas obligaciones de seguimiento y transparencia, como la publicación de informes sobre las afectaciones ocasionadas durante las jornadas de protesta a personas, bienes y servicios. Alcaldes y gobernadores mantendrían la obligación de entregar una explicación pública sobre sus actuaciones dentro de un plazo máximo de tres meses.
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La propuesta conserva elementos centrales del protocolo vigente, entre ellos la presunción de que las manifestaciones son pacíficas y la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación. El Decreto 003 de 2021, expedido en enero de ese año, ya contempla mecanismos de seguimiento e informes posteriores a las manifestaciones.
