En Colombia, cumplir 80 o 90 años no significa perder la posibilidad de decidir sobre el patrimonio, vender una propiedad, firmar contratos o realizar trámites ante una notaría. La edad, por sí sola, tampoco permite que otras personas desconozcan la voluntad de un adulto mayor o cuestionen automáticamente la validez de los documentos que suscribe.

Así lo reiteró la Corte Suprema de Justicia al estudiar un proceso relacionado con tres escrituras públicas constituidas por Hilda Mery Cifuentes Hoyos, una mujer de 81 años que había constituido tres fideicomisos civiles en una notaría del municipio de Líbano, Tolima.

Amanda Cifuentes Hoyos presentó una demanda para cuestionar la validez de esas escrituras y solicitar que fueran declaradas nulas. En primera instancia, el juzgado negó la solicitud, pero el 13 de febrero de 2026 el Juzgado Civil del Circuito de Líbano revocó esa determinación y declaró la nulidad de los tres documentos.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que mediante la sentencia STC8932-2026, del 27 de mayo de 2026, concedió una tutela a favor de Hilda Mery Cifuentes Hoyos y dejó sin efectos la decisión que había anulado los fideicomisos.

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El juzgado volvió a estudiar el caso y, el 11 de junio de 2026, negó la nulidad de las escrituras. Una nueva tutela contra ese resultado fue negada y la Corte Suprema confirmó esa determinación mediante la sentencia STC15305-2026, del 12 de agosto de 2026.

Qué dice la ley

El criterio se sustenta en la Ley 1996 de 2019, que reconoce que todas las personas adultas tienen capacidad jurídica plena y deben contar con garantías para expresar su voluntad, incluso cuando requieren algún tipo de apoyo. Esto significa que una discapacidad o un diagnóstico médico no implica, por sí solo, que una persona pierda la posibilidad de decidir sobre su vida y sus bienes.

Un familiar no puede asumir que tiene autoridad para administrar el patrimonio de un adulto mayor simplemente porque considera que ya no tiene edad para hacerlo.

Cuándo sí se puede cuestionar una firma

Un negocio jurídico puede ser cuestionado ante la justicia cuando existen elementos que demuestren que la persona fue engañada, recibió amenazas, sufrió presiones indebidas o no pudo comprender y expresar libremente su voluntad al momento del acto. En esos casos, las circunstancias particulares deben examinarse y respaldarse con pruebas.

No existe una obligación general de presentar un certificado de lucidez mental por el solo hecho de ser una persona mayor. En el ámbito notarial, corresponde al notario verificar que quien comparece pueda manifestar de manera inequívoca su voluntad y que el acto cumpla los requisitos legales.