La violencia política y crimen organizado en Ecuador se han convertido en un factor determinante en la crisis de seguridad que atraviesa el país, afectando procesos electorales, autoridades locales y el ejercicio del periodismo en distintos territorios.
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Ecuador atraviesa uno de los periodos más violentos de su historia reciente en medio de una expansión del crimen organizado que ya no solo impacta la seguridad ciudadana, sino también la competencia electoral, la gestión pública local y el ejercicio del periodismo.
Cifras del Ministerio del Interior indican que 2025 cerró con más de 9.100 homicidios, el registro anual más alto reportado en el país. El promedio supera los 25 asesinatos diarios. Aunque la mayoría de estos casos están asociados a disputas entre estructuras criminales, varios hechos han alcanzado directamente a actores vinculados a la vida política y pública.
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Violencia política y crimen organizado en Ecuador tras el asesinato de candidatos
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 marcó un punto de quiebre. Semanas antes había sido asesinado el entonces alcalde de Manta, Agustín Intriago. Ambos crímenes ocurrieron en plena actividad política y encendieron alertas sobre la vulnerabilidad de quienes participan en procesos electorales o ejercen cargos territoriales.
En distintas provincias, aspirantes a concejalías, alcaldías y juntas parroquiales han denunciado amenazas durante campañas recientes. Algunos candidatos redujeron actos públicos y reforzaron esquemas de seguridad privada ante advertencias de riesgo, según reportes locales.
El presidente Daniel Noboa ha sostenido que el país enfrenta un “conflicto armado interno” contra organizaciones criminales que buscan controlar territorios y desafiar al Estado. Desde el Ejecutivo se han defendido estados de excepción, operativos conjuntos con Fuerzas Armadas y reformas legales orientadas a endurecer penas como parte de la estrategia oficial.
Bajo la mirada internacional
Sin embargo, organismos internacionales han advertido que el impacto trasciende la confrontación armada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado en pronunciamientos públicos que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la participación política sin coacción. El organismo ha señalado que la violencia contra candidatos y autoridades puede afectar la integridad de los procesos democráticos.
De manera similar, Human Rights Watch ha advertido que el crecimiento del crimen organizado representa un riesgo estructural para los derechos fundamentales si no se fortalece la capacidad investigativa y judicial.
La violencia también ha alcanzado al periodismo. El antecedente del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en 2018 evidenció que la cobertura sobre crimen organizado puede tener consecuencias letales en zonas de alta conflictividad.
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En los últimos años, la organización Fundamedios ha documentado amenazas, agresiones y hostigamientos contra periodistas que investigan corrupción o redes criminales. La entidad ha alertado que el clima de intimidación puede generar autocensura, especialmente en territorios donde la presencia de estructuras armadas es dominante.
Ponen en riesgo la estabilidad democrática
Expertos en seguridad advierten que cuando la violencia condiciona campañas, limita actividades proselitistas o inhibe la labor informativa, no solo se afecta a individuos concretos. También se comprometen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales, entre ellos el derecho a la vida, a elegir y ser elegido, a participar en asuntos públicos y a la libertad de expresión.
La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas investigaciones en varios crímenes que involucraron a actores políticos y ha informado sobre capturas en algunos expedientes. No obstante, analistas señalan que el debate de fondo persiste en el país: si la política implica riesgos extraordinarios para la vida, la competencia electoral puede verse alterada y la confianza institucional debilitada.
Desde el Gobierno se sostiene que las acciones emprendidas han permitido golpes relevantes contra estructuras criminales. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, insisten en que la respuesta debe combinar medidas de seguridad con fortalecimiento institucional y reducción de la impunidad.
La acumulación de asesinatos, amenazas y atentados contra candidatos, autoridades y periodistas ha instalado en el debate nacional la relación directa entre seguridad y democracia. En un contexto donde la violencia comienza a influir en quién puede hacer campaña o qué se puede investigar, la discusión supera el ámbito criminal y se ubica en el terreno de la estabilidad democrática.
A continuación, este reportaje reconstruye cómo el crimen organizado pasó de disputar territorios a influir en la política ecuatoriana y por qué hoy hacer campaña puede convertirse en un riesgo real.
