Thomas Greg & Sons obtiene millonario contrato para pasaportes en Colombia tras revocación de decisiones
Esta resolución marca un punto de inflexión, ya que revoca directamente las decisiones anteriores, anulando la Resolución 7485 de septiembre de 2023 que había declarado desierto el proceso de licitación Foto tomada de redes sociales

En un giro sorprendente en el ámbito administrativo colombiano, este lunes se anunció que la Cancillería ha otorgado a la empresa Thomas Greg & Sons el lucrativo contrato para la producción de pasaportes en el país, anulando así las decisiones previas tomadas durante la gestión del suspendido Álvaro Leyva.

Noticias Colombia.

En medio de la disputa por la licitación del contrato millonario para la emisión de pasaportes, se reveló que la Cancillería finalmente otorgó el contrato a la empresa Thomas Greg & Sons. Este proceso ha estado marcado por una intensa contienda que ha resultado en la salida de un funcionarios del Gobierno.

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El acuerdo, formalizado en un acto administrativo bajo la firma del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, alcanza la astronómica suma de $599.651.582.571.

Este contrato, que surge del proceso de licitación pública 001-23, tiene como objetivo principal la prestación integral de servicios relacionados con la personalización, custodia, distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

La determinación de adjudicar este contrato a Thomas Greg & Sons se produjo después de que el proceso fuera suspendido el viernes pasado debido a ciertas observaciones presentadas.

La unión representativa de la empresa, liderada por Ana María Gómez Sarmiento, incluye a Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas Greg & Sons Limited S.A., Thomas Greg Express, Seguridad Móvil de Colombia, Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland Oy.

Polémica por pasaportes

Esta resolución marca un punto de inflexión, ya que revoca directamente las decisiones anteriores, anulando la Resolución 7485 de septiembre de 2023 que había declarado desierto el proceso de licitación. Esto, a su vez, llevó a la suspensión de Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría por tres meses.

Sin embargo, las acciones de Salazar no han estado exentas de críticas. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado enérgicamente estas decisiones, acusando a Salazar de haber perpetrado un contrato «corrupto» y declarándolo insubsistente de manera inmediata. Ante esto, Salazar ha expresado su disposición a dejar su cargo si es necesario para cumplir con la ley.

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