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Así lo determinó un Tribunal Administrativo del Magdalena.
Por la tragedia que enlutó a 33 familias en el municipio de Fundación el 18 de mayo de 2014, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia deberá pagarle a las víctimas 27.805 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La cifra asciende a los 25 mil millones de pesos, dinero que tendrá que desembolsar el movimiento evangélico en un fondo para la protección de los derechos colectivos.
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Así lo ordenó el Tribunal Administrativo del Magdalena en una sentencia en donde "se comprobó que la buseta incendiada fue contratada por un miembro de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia para llevar a los niños a sus casas después de haber asistido a unas clases de escuela dominical.
Cabe recordar que el pastor Manuel Salvador Ibarra, quien falleció el 6 de mayo del presente año por causas asociadas al Covid-19, fue la persona que contrató la buseta. "El mencionado rodante no contaba con el seguro obligatorio, carecía de la revisión técnico mecánica y tenía la tarjeta de operaciones cancelada por parte de la empresa transportadora a la cual estuvo vinculada antes de ocurrido el siniestro", señala la sentencia. La sentencia recordó que Salvador Ibarra reconoció que existió manipulación de gasolina dentro del vehículo y al darle arranque al mismo se produjo la explosión. En el pasado, familiares de los 33 niños que perdieron la vida en el siniestro, exigían una condena al Distrito porque la buseta de placas UVS-556 que estaba matriculada en Barranquilla, y que pese a sus condiciones mecánicas seguían operando. En el fallo se exime de responsabilidad al Distrito de Barranquilla. Se comprobó que el automotor había sido desvinculado de la empresa Cooperativa Norteña de Transportes Integrados Coonor, y se dispuso anular la tarjeta de operaciones. La revisión técnico mecánica la tuvo vigente hasta el día 4 de mayo del 2012 y el soat hasta el 12 de abril del 2012. De acuerdo al Tribuanl del Magdalena, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumió la posición de garante frente a unos 60 niños sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes. Tampoco, utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos. A su vez, consideró que la iglesia vulneró el principio de confianza de la sociedad y en particular de los padres de los menores por cuanto éstos creyeron que sus hijos se transportaban en un vehículo en óptimas condiciones mecánicas. De la sentencia fueron abuseltos El Ministerio del Transporte, el municipio de Fundación y la Policía Nacional, entidades que también fueron demandadas. Foto de portada: @bluradio
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