Intensos han sido los días que han tenido que enfrentar cerca de 200 contratados en un programa de la Secretaría de Bienestar Social, por cuenta de un contratista que lleva 2 meses de retrasos en pagos.

Noticias Cali.

Varias personas se encuentran denunciando la delicada situación que vienen enfrentando por cuenta de un operador, que denuncian, les adeuda pagos del mes de febrero y marzo, "y nada que dan la cara". Son cerca de 200 personas las que se han visto afectadas por el no pago de sus servicios prestados. Se trata de un grupo de personas contratadas para trabajar en el programa 'Cariño Itinerante', un proyecto bajo la dirección de la Secretaría de Bienestar Social en Cali. En dicho programa pretende potenciar el desarrollo de los niños y niñas desde la gestación para minimizar riesgos en las edades adultas. Semanalmente se reúnen con los diferentes grupos durante 3 horas, dentro de los grupos este programa se permite atender la población de madres gestantes y lactantes, también niños hasta los 2 años de edad. Más de 2000 personas han sido beneficiadas por este servicio institucional brindado especialmente a las comunidades vulnerables. No obstante, quienes conforman este equipo de más de 200 personas entre mujeres madres de familia y trabajadores sociales, se están viendo afectados.

Tienen pensado protestar este 11 de abril en inmediaciones del CAM para pdedir agilización de pagos.

Según informan desde este año 2023, han visto el daño generado por el operador Corporación Huellas de Sabiduría, ya que se ha retrasado con pagos de sus nóminas.

Sin respuestas claras

"Hemos puesto una cantidad de quejas", menciona Diana Vanegas, vinculada laboralmente en este programa. Debido a esa presión el caso llegó hasta el Concejo de Cali donde se realizó una Plenaria, en la que se le pedía a la Secretaría encargada, Maria Fernanda Penilla, una rendición de cuentas. Acto seguido, se llevó a cabo una reunión con Bienestar Social, el operador y algunos representantes de los denunciantes.

Son algunas de las evidencias reunidas por los denunciantes.

A dicha citación estaba también llamado el operador, sin embargo, este nunca llegó. Lo manifestado por Diana Vanegas es que "la secretaria (Penilla) llamó al representante legal de la corporación", y según cuentan, la entidad privada "no sabía de la citación". Al no asistir, relatan que se inició un proceso sancionatorio, pero este desde el pasado 31 de marzo pareciera que no se ha efectuado, dicen los denunciantes. Ante el cuestionamiento de la contratación, Penilla respondió que las contrataciones se hicieron porque "ni la empresa, ni el representante legal aparecían con antecedentes legales".

Todo esto basado en la presunción de inocencia, pues dicha corporación ya tiene investigaciones.

¿Antecedentes dudosos?

En una recolección de documentos se ha encontrado que la corporación habría sido contratada en otros proyectos en Buenaventura, Chocó y hasta en Neiva. En Cali una vez, ya tuvo la experiencia administrando el PAE en la I.E. Progresando Juntos, Vallegrande de la comuna 21. Allí se encontraron irregularidades como alimentos en mal estado, por esto, tuvo que intervenir Personería de Santiago de Cali, abriendo un proceso disciplinario a Jose Darwin Lenis, secretario de Educación Distrital.

Una investigación periodística del diario El País Cali, demostró que esta misma fundación había sido también contratada para dar clases en Buenaventura, sin embargo, no contaban con una escuela, sino con una casa de garaje. Por otras denuncias se ha corroborado también que debido a algunos escándalos como el de Buenaventura se presentaron en una licitación en Neiva. En esa ciudad ganaron y se especula que habrían cambiado su nombre, pero su número de Nit seguía siendo el mismo.

¿Quién responde?

Lo que se ha dicho por parte de las personas denunciantes es que en años anteriores eran otros operadores los encargados de manejar estas contrataciones. Ahora, la cosa es diferente, pues este nuevo operador les ha traído dicho problema. Se desconoce por qué la Secretaría ha tomado la decisión de cambiar de operador, como también el proceso de licitación. "Yo como servidora pública no puedo prejuzgar a nadie ni dejar de contratar a alguien porque esté investigado", sostuvo María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social. https://www.youtube.com/watch?v=ZjCr-GO_xD0

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