El Estado colombiano admite grave error judicial que llevó a un inocente a prisión por más de 10 años
Noticias Colombia.
En un acto solemne celebrado en el auditorio de la Fiscalía General de la Nación, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por haber vulnerado los derechos fundamentales de Gustavo Sastoque Alfonso, exfuncionario del ente investigador que fue detenido de manera ilegal, juzgado sin las debidas garantías y condenado injustamente a 40 años de prisión por un crimen que no cometió.
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El reconocimiento se realizó como parte del cumplimiento de un acuerdo derivado de un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que concluyó que el Estado fue responsable por violar los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Sastoque, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH recomendó al Estado dejar sin efectos la condena y otorgar una reparación integral, que incluyera compensación económica, medidas de satisfacción y acompañamiento en salud física y psicológica.
El caso se remonta al 8 de marzo de 1995, cuando Sastoque fue detenido arbitrariamente en Bogotá. En ese momento, trabajaba en el área de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía Seccional de Bogotá y fue vinculado al proceso penal por el asesinato de Hernando Pizarro Leongómez.
Las autoridades lo señalaron con base en testimonios falsos, acusándolo de haber estado presente en la escena del crimen para ocultar pruebas. Sin embargo, los registros demostraron que no cumplía funciones operativas y se encontraba a más de 20 kilómetros del lugar cuando ocurrió el homicidio.
Sastoque fue citado para una diligencia en la Fiscalía y, al llegar, fue privado de su libertad sin conocer las razones. Solo una hora después le mostraron una orden de arresto emitida ese mismo día por el presunto delito de homicidio.
Una condena sin sustento judicial
El Juzgado Regional de Santafé de Bogotá lo condenó en mayo de 1997 a 41 años de prisión, pena que luego fue ajustada a 40 años y seis meses. Pese a las inconsistencias del proceso, las decisiones judiciales fueron confirmadas en segunda instancia.
Con el paso del tiempo, la pena fue “redosificada” y posteriormente reducida, hasta que en noviembre de 2005 Sastoque recuperó su libertad condicional, tras más de una década de encarcelamiento injusto.
Durante el proceso se cometieron graves irregularidades: se ocultó la identidad de fiscales y magistrados, se impidió a la defensa interrogar testigos o presentar pruebas y se violaron los plazos razonables del juicio.
Años después, la Asociación Minga, representante legal de Sastoque, llevó el caso ante la CIDH. Finalmente, el 24 de marzo de 2022, el Estado colombiano —a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)— suscribió el acuerdo que dio origen al acto público de reconocimiento, presidido por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.
En 2020, un hecho cambió el rumbo del caso: los excomandantes de las extintas FARC-EP enviaron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que reconocieron haber sido los responsables del asesinato de Hernando Pizarro Leongómez. En ese documento, pidieron perdón por lo ocurrido y confirmaron que Sastoque no tuvo ninguna participación en el crimen.
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