Una figura contemplada en la Constitución Colombiana.
Noticias Colombia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de conmoción interior el lunes 20 de enero de 2025, en respuesta a la escalada de violencia en la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Esta decisión se produjo tras intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han dejado un saldo trágico de al menos 60 muertos y más de 18.000 personas desplazadas, según informes de la ONU. 
Vea: Crisis en el Catatumbo: Gobierno decretaría conmoción interior sin emergencia económica este miércoles
El estado de conmoción interior, contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, es una medida excepcional que permite al presidente tomar acciones especiales para restablecer el orden público cuando este se ve gravemente alterado y las autoridades ordinarias no son suficientes para controlarlo. Durante su vigencia, que puede extenderse hasta por 90 días con posibilidad de prórrogas, el Ejecutivo está facultado para expedir decretos con fuerza de ley sin necesidad de aprobación del Congreso, aunque estos deben ser revisados posteriormente por la Corte Constitucional.
La declaración de este estado de excepción implica que el gobierno puede implementar medidas como restricciones a la movilidad, limitaciones a reuniones y manifestaciones, y detenciones preventivas, entre otras, con el fin de garantizar la seguridad y el orden en las zonas afectadas. Sin embargo, estas acciones deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme a los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario.
Qué dice el artículo 123 de la Constitución de Colombia
«En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar».
Desplazados por la violencia en el Catatumbo
La crisis en el Catatumbo ha generado una emergencia humanitaria de gran magnitud. Además de las víctimas mortales y los desplazamientos masivos, se reporta que más de 46.000 niños han quedado sin acceso a la educación debido al cierre de escuelas en la región. Las comunidades locales, incluyendo poblaciones indígenas, han sufrido confinamientos y violaciones de sus derechos fundamentales en medio de los enfrentamientos armados. 
En respuesta a la situación, el presidente Petro ha ordenado el despliegue de 300 soldados adicionales en la zona del Catatumbo para reforzar la seguridad y proteger a la población civil. Asimismo, ha suspendido los diálogos de paz con el ELN, señalando que este grupo ha optado por la vía de la confrontación armada. El mandatario ha manifestado que el ELN “tendrá guerra” si persiste en su accionar violento, evidenciando un cambio en la estrategia gubernamental frente a este grupo insurgente. 
La implementación del estado de conmoción interior busca otorgar al gobierno las herramientas necesarias para hacer frente a la crisis de seguridad en el Catatumbo. No obstante, esta medida ha generado debates sobre sus implicaciones en materia de derechos humanos y libertades civiles. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por posibles excesos en la aplicación de estas facultades extraordinarias y han instado al gobierno a garantizar que las acciones emprendidas se enmarquen en el respeto a las garantías constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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