decisión que tomó en su momento el entonces ministro de Relaciones exteriores careció de fundamento legal.
Noticias Colombia.
En fallo de segunda instancia la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, por su actuación irregular en la licitación pública para la contratación del servicio de emisión de pasaportes. La decisión se dio luego de determinar que Leyva canceló sin justificación legal un proceso que contaba con un único oferente habilitado: la empresa Thomas Greg & Sons, que cumplía con todos los requisitos técnicos y jurídicos.
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El órgano de control consideró que el entonces ministro de Relaciones Exteriores incurrió en una falta gravísima a título de dolo, al declarar desierta la licitación sin una razón objetiva o legal. Según el fallo, dicha decisión violó principios fundamentales de la contratación pública como la transparencia, la economía y la responsabilidad, causando un perjuicio al Estado y afectando la continuidad en la expedición de pasaportes para los ciudadanos.
La Procuraduría también cuestionó la figura de urgencia manifiesta que fue utilizada posteriormente para adjudicar de manera directa el contrato, aunque en esa parte del proceso, Leyva fue absuelto. Sin embargo, el ente disciplinario fue enfático en señalar que declarar desierto un proceso de licitación por la existencia de un único proponente —cuando este cumple con los requisitos— no es legalmente válido.
La sanción al excanciller se produce en medio de una mayor crisis institucional dentro del gobierno de Gustavo Petro, marcada por problemas en la expedición de pasaportes y múltiples cuestionamientos a funcionarios del alto gobierno.
La misma Procuraduría también adelanta investigaciones contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, y el canciller actual, Luis Gilberto Murillo, por posibles omisiones en la solución del problema.
Este episodio se convierte en uno de los mayores escándalos administrativos del actual gobierno, y pone nuevamente en discusión la relación entre las decisiones del Ejecutivo y los entes de control. Mientras se resuelve la apelación presentada por Leyva, la sanción lo deja inhabilitado para ocupar cargos públicos durante una década, lo que representa un golpe fuerte a su carrera política y a la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores durante su gestión.
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