Sus palabras crearon confusión.
Noticias Colombia.
Una nueva controversia sacude al Gobierno nacional luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmara durante una rueda de prensa que “la patria potestad de todo niño o niña en Colombia es del Estado”, una declaración que generó una oleada de reacciones entre juristas, congresistas, padres de familia y defensores de derechos.
Las palabras del funcionario fueron rápidamente calificadas como contrarias al marco legal vigente. Según la Constitución Política de Colombia y el Código Civil, la patria potestad es un derecho y deber que corresponde exclusivamente a los padres, salvo en circunstancias excepcionales en las que un juez determine lo contrario por razones de protección al menor.
Reacciones y críticas
El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, respondió con firmeza: “Estas afirmaciones son profundamente preocupantes y peligrosas. En Colombia, el Estado no puede suplantar la autoridad de los padres. La patria potestad está claramente definida en la ley”
Por su parte, organizaciones como Red Papaz y algunos colegios de abogados también alzaron la voz, indicando que este tipo de declaraciones podrían abrir la puerta a interpretaciones erróneas sobre el papel del Estado frente a la crianza de los menores. “El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los niños, sí, pero eso no significa que pueda apropiarse de la patria potestad de forma generalizada”, afirmó Claudia Rodríguez, abogada especializada en derecho de familia.
¿Error de comunicación o intención política?
En medio del revuelo, voceros del Ministerio de Salud no han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar o contextualizar las palabras del ministro Jaramillo. Sin embargo, algunos analistas consideran que se trató de una imprecisión en su discurso, posiblemente al referirse a la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos fundamentales de los menores, como el acceso a la salud, la educación y la protección frente al maltrato.
No obstante, otros sectores ven en estas declaraciones una posible intención ideológica. “Esto se enmarca en una visión estatista de la niñez, en la que el Estado se asume como garante absoluto, por encima incluso de la familia. Es una línea peligrosa”, opinó el politólogo Andrés Mejía.
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