Pérdidas por $4.8 billones y deudas por $22.5 billones.
Noticias Colombia.
La situación de Nueva EPS refleja un momento crítico para el sistema de salud colombiano. Los estados financieros más recientes evidencian un panorama marcado por pérdidas por $4,8 billones, deudas que ascienden a $22,5 billones y un patrimonio negativo de -$11,9 billones, cifras que encienden las alertas sobre su sostenibilidad.
Uno de los principales problemas radica en la falta de liquidez. La entidad reporta cuentas por cobrar por $9,5 billones, equivalentes a cerca del 90 % de sus activos, lo que significa que gran parte de sus recursos no está disponible para responder a sus obligaciones inmediatas.
El Estado colombiano aparece como el mayor deudor. A través de distintas cuentas, se acumulan obligaciones superiores a los $6 billones, incluyendo giros pendientes y recobros por servicios en salud. Parte de estos recursos lleva años sin ser desembolsada, lo que profundiza la crisis financiera.
A esta situación se suma el incremento en otras obligaciones. Los pagos por tutelas crecieron de forma significativa, mientras que la deuda con hospitales y clínicas alcanzó niveles preocupantes. Actualmente, la EPS registra más de $4,2 billones en servicios ya prestados que no han sido pagados, afectando directamente a la red de atención.
El desbalance operativo también es evidente. Durante el último año, la entidad recibió ingresos por $22,2 billones, pero gastó $26,4 billones en atención médica, lo que implica que por cada $100 recibidos terminó destinando cerca de $119, generando un déficit estructural.
Presión sobre el sistema y debate por la sostenibilidad
Este escenario ha reactivado el debate sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual se financia la atención en salud. Las cifras sugieren que los recursos actuales no están cubriendo los costos reales del sistema, especialmente ante el aumento de la demanda y la judicialización.
Como resultado, Nueva EPS cerró el periodo con pérdidas acumuladas de $4,8 billones y pasivos que duplican sus activos, reflejando un deterioro financiero que no solo responde a la gestión reciente, sino a problemas estructurales acumulados durante años.
Desde la administración se ha señalado que parte de estas cifras responden a un ejercicio de transparencia, en el que se han reconocido obligaciones de vigencias anteriores que no estaban completamente registradas, con el fin de mostrar una situación financiera más realista.
En paralelo, el Gobierno nacional ha planteado que cerca de $11 billones de la deuda corresponderían al Estado, lo que abre la discusión sobre la posibilidad de asumir estos compromisos como deuda pública y pagarlos mediante vigencias futuras.
