El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, un proyecto de 106 artículos que busca corregir el desequilibrio de las finanzas públicas y reducir el endeudamiento. La iniciativa fue presentada el 29 de octubre de 2026 por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino.

Cambios en el IVA

La propuesta plantea eliminar la tarifa diferencial del 5 % para algunos bienes y trasladar productos hoy excluidos a la tarifa general del 19 %, cambios previstos principalmente desde el primero de enero de 2028. Entre los productos en discusión están el café sin tostar, el azúcar, los aceites, las pastas, algunos insumos agrícolas, la sal, los licores y las apuestas por internet.

También se contempla modificar el tratamiento tributario de frutas y verduras frescas, servicios digitales, computadores, celulares, bicicletas y vehículos híbridos y eléctricos, además de gravar compras en plataformas internacionales como Temu, Shein y Amazon, incluso por debajo de 200 dólares. El proyecto mantiene el IVA excluido para alimentos como arroz, papa, yuca, pan, panela, carne, leche y huevos, así como para medicamentos, servicios médicos, transporte público, arrendamiento de vivienda y servicios públicos domiciliarios.

Como compensación, el Gobierno propone un mecanismo llamado Devolución EfectIVA, que devolvería el 100 % del IVA a la población en pobreza extrema y de menores ingresos, y porcentajes parciales de 50 %, 40 % o 30 % para otros segmentos vulnerables. Según estimaciones del Ejecutivo, cerca de 19 millones de personas recibirían la devolución completa y 16,3 millones accederían a porcentajes parciales, con un límite de 5,5 UVT mensuales por persona, unos $288.000 con el valor de la UVT de 2026.

Aportes a salud y renta

Actualmente los dependientes aportan el 4 % de su salario a salud y los independientes el 12,5 %. La propuesta mantiene el 4 % para quienes ganan hasta dos salarios mínimos, sube a 5,5 % entre dos y cuatro salarios mínimos, y a 8 % para ingresos superiores, mientras los independientes pasarían a cotizar entre 12,5 % y 15,5 % según sus ingresos.

El proyecto también limita las exoneraciones de aportes parafiscales que hoy benefician a empresas por empleados que ganan menos de diez salarios mínimos, dejando ese beneficio solo para trabajadores de hasta dos salarios mínimos. El Gobierno proyecta destinar $30 billones durante los cuatro años de gestión para el sector salud.

En renta de personas naturales, el umbral de renta líquida gravable bajaría de 1.090 UVT anuales a 720 UVT, equivalentes a unos $37,7 millones anuales o $3,1 millones mensuales con valores de 2026. La tarifa inicial sería del 9 % y las tarifas marginales podrían llegar hasta el 39 % en los niveles superiores, mientras el límite de renta exenta laboral bajaría de 790 a 630 UVT anuales.

Licores, cigarrillos y bebidas azucaradas

Para licores, vinos y aperitivos, el componente específico del impuesto al consumo pasaría de $360 a $750 por grado de alcohol en una botella de 750 mililitros, y el componente porcentual subiría de 20 % a 35 %. En cigarrillos se plantea un impuesto de $7.823 por cajetilla de 20 unidades en 2027 y de $11.200 desde 2028, más un 10 % adicional sobre el precio de venta. Los vapeadores tendrían nuevos gravámenes y las bebidas azucaradas cobros diferenciados desde 2028 según su contenido de azúcar.

El umbral del impuesto al patrimonio subiría de 72.000 UVT (unos $3.771 millones con valores de 2026) a 95.500 UVT (cerca de $5.002 millones), con tarifas progresivas vigentes para los años gravables 2027 a 2030. En contraste, la tarifa general de renta para empresas bajaría del 35 % actual a 33 % en 2027 y a 31 % desde 2028, además de un régimen especial para atraer grandes inversiones.

Recorte del gasto público

El Ejecutivo propone reducir gastos en publicidad oficial, viajes, viáticos, telefonía, arrendamientos y vehículos, además de recortar en 50 % los costos de contratos de prestación de servicios durante 2027 frente a 2026. También plantea una reducción del 20 % en gastos de personal del Presupuesto General de la Nación —sin incluir la Fuerza Pública— con horizonte en 2028.

El proyecto contempla vender bienes y participaciones estatales sin función productiva y otorgar facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para reorganizar, fusionar o suprimir entidades nacionales. Incluye protecciones para personas con discapacidad, madres y padres cabeza de familia sin alternativa económica, y trabajadores próximos a pensionarse.

El debate en el Congreso

El vicepresidente José Manuel Restrepo ha defendido los recortes y los nuevos mecanismos de recaudo como herramientas para garantizar la estabilidad económica, en un contexto de reservas de varios sectores políticos frente a los nuevos impuestos y el aumento de cotizaciones. El Centro Democrático planteó la necesidad de estudiar el articulado antes de fijar una posición, y su expresidente Álvaro Uribe pidió a su bancada analizar colectivamente la propuesta.

Ninguno de los cambios propuestos es, por ahora, una obligación tributaria vigente. El proyecto deberá surtir su trámite legislativo en el Congreso antes de convertirse en ley.